Comienza el juicio donde el controvertido abogado, junto a 14 personas más, está acusado de defraudar 1,6 millones a la Seguridad Social y de falsos contratos de trabajo
l abogado y empresario lagunero Evaristo González Reyes salió ayer de prisión para asistir a la primera sesión del juicio por una pieza separada del caso Corredor en la que está acusado de defraudar, de forma global y junto a 14 procesados más, 1,6 millones de euros a la Tesorería de la Seguridad Social y elaborar contratos falsos de trabajo. La Fiscalía solicita 44 años de cárcel para González Reyes, mientras que el abogado de la administración pide para él 30 años. Además, en este proceso hay otros 14 acusados por ejercer de testaferros del principal investigado. En el banquillo falta una persona: Carlos Machín Quintero, que fue asesinado la noche del 17 de abril del 2018 en la Escuela Oficial de Idiomas de La Verdellada. Y la Policía Nacional detuvo a Evaristo González Reyes como presunto autor intelectual de su muerte y por ese motivo está en la cárcel desde hace siete meses, junto a los dos acusados de ser autores materiales y otros colaboradores principales.
La fiscal y el letrado de la Seguridad Social consideran que González Reyes disponía en el momento de los hechos de una organización compuesta por una serie de sociedades mercantiles para explotar locales de ocio y restauración, al frente de los cuales coloca a personas interpuestas que aparentan regentar dichos negocios, si bien es el citado hombre de negocios el que toma las decisiones, dirige y controla todas las empresas.
os delitos
Las acusaciones estiman que el controvertido abogado, junto con el resto de procesados, se dedicó a tales actividades desde el 2006 a tres tipos de delitos. Uno era la defraudación a la Seguridad Social, ya que mediante sociedades mercantiles disponía de trabajadores cuyas cotizaciones no abonaba al organismo público. El otro fue por elaborar contratos de trabjo simulados y nóminas mendaces para que los empleados se beneficiasen de subsidios o prestaciones por desempleo. Y el tercero consistió también en realizar contratos laborales ficticios y nóminas falsas para que estos fingieran una solvencia inexistente y adquiriesen bienes y servicios de bancos, pero que después no serían pagados y se estafaría a terceras personas. La titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Santa Cruz de Tenerife abrió ayer la vista oral en la sala principal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la plaza de San Francisco. Ayer hubo cuatro acusados, faltó una de las investigadas, y una decena de abogados defensores.
La jornada de ayer estuvo dedicada a aclarar las cuestiones previas de las partes. Los letrados de la defensa centraron sus argumentos en dos grandes cuestiones. Una es que no han tenido tiempo de leer la abundante documentación, que está contenida en 95 cajas. Y la otra es que buena parte de las acusaciones se basan en las grabaciones telefónicas realizadas por parte los investigadores de la Policía Nacional y que ya fueron anuladas por una resolución judicial del 2015.
La exposición más extensa fue realizada por el abogado del principal investigado, Nicolás González Cuéllar. Este considera que se ha producido una vulneración del Derecho a la defensa, ya que solo el pasado miércoles les comunicaron a él y sus compañeros que los tomos de la instrucción estaban a su disposición. Ante esa circunstancia y la elevada pena privativa de libertad reclamada para su cliente, solicitó posponer la celebración del juicio uno o dos meses. Relató que Evaristo González lleva siete años sin poder acceder a la documentación para poder defenderse. La jueza rechazó tal petición y recordó que, si no han consultado los tomos de la instrucción, es porque no han querido, ya que están disponibles en varias sedes desde marzo del pasado año.
El otro abogado que más habló para reclamar que se retrasara la vista oral fue Santiago Martínez, que defiende a la secretaria de Evaristo González Reyes. Ambos letrados coincidieron en que el caso Corredor se inició por una declaración-denuncia de un empresario, Carlos Calderón, que aportó una grabación de una conversación con el exalcalde de La Laguna y expresidente del Gobierno canario Fernando Clavijo, en su etapa como edil del citado municipio. Aclararon que Calderón se limitó a relatar una serie de inventos, “suposiciones y patrañas” sobre empresario González Reyes, el cual “tenía empresas y se dedicaba a blanquear dinero”.
Manipulación
González Cuéllar planteó que la grabación de Calderón a Clavijo no reunía los requisitos mínimos para que fuera válida (es decir, que estuviera en riesgo su vida o que concurriera un interés legítimo); que no había indicio objetivo alguno de los delitos, ni se verificó la autenticidad o no del audio, o bien su manipulación. Santiago Martínez incidió en la nulidad de las grabaciones entre el 22 de septiembre del 2010 y junio del 2011.
La fiscal defendió que el Ministerio Público encargó al Grupo de Delitos Económicos de la Policía una investigación sobre lo expresado por Calderón y fruto de la misma se supo que Evaristo González tenía 21 propiedades, pero solo una a su nombre y el resto, bajo la titularidad de varias empresas, así como 36 vehículos; muchos de ellos clásicos de gran valor o de alta gama. Reconoció que el auto de 21 de septiembre del 2010 nunca existió, pero aclaró que las grabaciones que aporta en su acusación corresponden a antes y después de ese periodo.
La representante de la Fiscalía aclaró que existen otras pruebas, más allá de las conversaciones, para acusar al controvertido empresario y los otros 14 acusados. Citó los informes remitidos por la Seguridad Social, que vinculan las mercantiles que adeudan importantes cantidades de dinero a dicho organismo con González Reyes; las informaciones registrales o las actas de Inspección de Trabajo, que reflejan una obstrucción a la labor de control o los empleados que no estaban dados de alta. Está convencida de que existen pruebas suficientes para acusar a todos los implicados. El letrado de la Seguridad Social también negó que se hayan usado grabaciones anuladas para la acusación y que la investigación se base de forma exclusiva en grabaciones anuladas. Está previsto que el juicio continúe el próximo lunes.
