Los recortes gubernamentales en el gasto social durante la última década han provocado que decenas de miles de familias pobres en Inglaterra se queden sin alimentos suficientes para comer, una clara violación del deber del gobierno de garantizar una alimentación adecuada, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 115 páginas, “Nothing Left in the Cupboards: Austerity, Welfare Cuts, and the Right to Food in the UK” (“Nada en la despensa: austeridad, recortes en el gasto social y el derecho a la alimentación en el Reino Unido”), examina cómo los grandes recortes en el gasto social motivados por la austeridad y exacerbados por la implantación del sistema de Crédito Universal y otros cambios, han provocado que muchas familias con niños en Inglaterra pasen hambre y dependan de la ayuda alimentaria de organizaciones benéficas. Muchas de estas familias son monoparentales y están encabezadas por mujeres. Human Rights Watch descubrió que el gobierno del Reino Unido no está cumpliendo con su deber en virtud de la ley de derechos humanos de garantizar el derecho a una alimentación adecuada
Human Rights Watch se concentró en tres áreas de Inglaterra con altos niveles de precariedad en Hull, Cambridgeshire y Oxford. Human Rights Watch llevó a cabo 126 entrevistas a familias afectadas por la pobreza alimentaria, voluntarios y personal de bancos y despensas de alimentos y personal de centros comunitarios y escuelas. Como parte de su investigación, también analizó datos oficiales y estadísticas, y revisó información del gobierno del Reino Unido y las autoridades locales.
Human Rights Watch descubrió tres factores que han agravado el incremento del hambre en Inglaterra.
En primer lugar, los gobiernos han reducido drásticamente el gasto de asistencia social en nombre de la austeridad desde 2010, lo que ha afectado de manera desproporcionada a las ayudas para familias y niños. Un análisis de Human Rights Watch de los datos del gasto público muestra que entre 2010 y 2018 la asistencia pública para niños y familias se redujo un 44 por ciento, superando con creces los recortes en muchas otras áreas del gasto gubernamental. Además, el gobierno ha limitado las prestaciones para las familias, introdujo un límite arbitrario y discriminatorio de dos hijos, y durante los últimos cuatro años ha congelado los aumentos anuales a los pagos de asistencia social a pesar de la subida de los precios de los alimentos y la inflación.
En segundo lugar, el gobierno está implementando una reforma importante al sistema de asistencia social, conocido como Crédito Universal, que ha exacerbado la crisis del hambre al retrasar el acceso a los pagos iniciales, haciendo que los beneficiarios de la asistencia social a menudo tengan que esperar semanas enteras a recibir los fondos. El programa también cuenta con un sistema punitivo que impone “sanciones”, reteniendo los pagos a los beneficiarios de las ayudas sociales que no cumplan con los estrictos requisitos para demostrar que tienen o buscan trabajo, a menudo imposibles de cumplir, especialmente para los padres solteros.
En tercer lugar, el gobierno del Reino Unido ha ignorado en gran medida y no ha tomado acciones ante la creciente evidencia de un marcado deterioro en el nivel de vida de los residentes más pobres del país, incluido el vertiginoso aumento en el uso de los bancos de alimentos y los múltiples informes de funcionarios escolares de que muchos niños llegan hambrientos a la escuela y son incapaces de concentrarse. En una reunión con siete madres jóvenes que reclamaban prestaciones sociales, cuatro dijeron que temían que si admitían pasar hambre y pedían abiertamente ayuda alimentaria podrían ser declaradas incapaces de mantener a sus hijos y perder la custodia.
El gobierno recientemente ha tomado ciertas medidas para amortiguar el golpe de algunas de sus políticas más duras. Ha eliminado el límite de dos hijos para los pagos de ayuda social para niños nacidos antes de abril de 2017, aunque sigue vigente para las familias con un tercer hijo nacido desde entonces. Pese a la demora, ha acordado comenzar a medir la inseguridad alimentaria en todo el país. También está proporcionando fondos limitados para desayunos y comidas escolares fuera del año lectivo en algunas áreas desfavorecidas.
El fracaso del gobierno del Reino Unido en abordar adecuadamente el creciente problema del hambre que afecta a las partes más pobres de la población es el resultado de elecciones políticas concretas para reducir la escala del Estado de Bienestar, señaló Human Rights Watch. El gobierno del Reino Unido tiene un deber en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de garantizar el derecho a una alimentación adecuada. Eso significa asegurarse de que las personas puedan permitirse comprar alimentos y proporcionar alimentos a través de programas de asistencia o una red de seguridad si las personas no pueden alimentarse adecuadamente. En su incumplimiento de este deber, el gobierno está violando los derechos de las personas en el Reino Unido que pasan hambre.
Sin embargo, los sucesivos gobiernos del Reino Unido no han tratado el derecho a la alimentación como equivalente a otros derechos humanos, en particular denegando a las personas cuyo derecho a la alimentación ha sido violado un recurso efectivo contra el gobierno. El gobierno del Reino Unido debería reconocer el derecho a la alimentación en la legislación nacional, recomendó Human Rights Watch. Debería revocar por completo el límite de dos hijos, poner fin a las demoras en el acceso a los pagos del Crédito Universal y garantizar que los pagos de las prestaciones se mantengan a la par de la inflación, incluido el aumento del costo de los alimentos. El gobierno del Reino Unido también debería desarrollar una estrategia contra el hambre, que incluya un requisito legal para medir la inseguridad alimentaria e informar al Parlamento sobre los resultados.
