La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha señalado que “no es un dogma de fe que las pensiones deban financiarse exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores” y ha abogado por que los Presupuestos Generales financien en parte los costes de la Seguridad Social.
Lo ha explicado en declaraciones a los periodistas este jueves en Salamanca antes de intervenir en la inauguración del XXIX Congreso anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que durante dos jornadas reúne a unos 300 participantes, procedentes de más de 45 universidades, españolas y extranjeras, así como profesionales de diversos ámbitos.
La secretaria de Estado ha dicho que no hay nada escrito en ninguna ley sobre que no se puedan completar la parte de cotizaciones de los trabajadores con otras partidas presupuestarias.
Ha abogado por garantizar la sostenibilidad económica, pero también la social de las pensiones, y confesado que le parece que desde ese punto de vista “la aportación vía Presupuestos Generales del Estado es una opción que está encima de la mesa”.
Finalmente, ha estimado la conveniencia de “intentar reformas que procuren garantizar mayores ingresos para la Seguridad Social” y “no tener que asumir” este organismo “gastos de gestión ordinaria o de prestaciones que no le corresponden”.
Al hilo de la polémica desatada en torno a la obligatoriedad de fichar en el trabajo, la secretaria de Estado se ha mostrado convencida de que falta “cultura del cumplimiento de la normativa laboral y de la exigencia de respeto a las jornadas pactadas”.
“No hay problemas de aplicación, se ha generado una polémica allí donde ya debía existir cabal cumplimiento de la normativa y por tanto los primeros sorprendidos somos los equipos que hemos trabajado en el Ministerio de Trabajo”, ha apostillado.
Esa nueva exigencia es para Valdeolivas “una oportunidad para las empresas y para generar cultura de retribución en función de productividad, así como de control del absentismo”.
Ha insistido en que la “preocupación máxima” del Ministerio es que los trabajadores “tengan un instrumento para defender sus derechos y la inspección de trabajo tenga una herramienta que permita controlar realmente las jornadas que se realizan por encima de las que se han pactado”.
También, ha aludido al incremento de los recursos humanos en la Inspección de Trabajo -unos 800 efectivos más- y al del presupuesto, así como a los planes de choque puestos en marcha para “luchar contra aquellos efectos del mercado de trabajo que resulten más nocivos”.
