En 2017, el Estado recaudó 132 millones de euros por la prestación de cese de actividad de los autónomos que cotizaron por ella -alrededor de 400.000 trabajadores de los 3.250.000 autónomos afiliados al RETA-, de los que sólo se concedieron 17 millones de euros. El motivo de la baja aprobación de esta prestación, conocida como el paro de los autónomos, se debe a las duras condiciones exigidas por las Mutuas -encargadas de conceder esta prestación- a los trabajadores por cuenta propia, según justifican las asociaciones de autónomos.
Según ATA: «Más de la mitad de las solicitudes de paro se deniegan. Es incomprensible. Ningún autónomo cierra su negocio por capricho y con la idea de cobrar una prestación de 600 euros durante tres meses. Si la solicitan es porque la necesitan y para ello han cotizado por este concepto»
Entre los requisitos exigidos hasta ahora, el autónomo tiene que estar afiliado y en situación de alta en el RETA; tiene que haber cotizado en los 48 meses anteriores al cese y de manera continuada en al menos los 12 meses, para poder cobrar dos meses de paro.
Para la resolución de los conflictos, en los casos en los que el cese de actividad sea solicitado y denegado por parte de las Mutuas, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y autónomos prevé la creación de una Comisión en la que participarán un representante de la Mutua, un representante de la organización de autónomos representativa del trabajador y un representante de la Seguridad Social, cuyo criterio sería preceptivo y vinculante para la resolución definitiva, que se podrá recurrir ante la justicia.
