El Gobierno gasta 1.000 millones de euros extra en pensiones por el desvío del IPC

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El desatino del Gobierno a la hora de ponderar el IPC previsto para este ejercicio ya le está costando a las arcas públicas 1.016 millones de euros de gasto extra en la partida de pensiones. La causa del sobrecoste está, concretamente, en la desviación a la baja que está experimentado la inflación durante 2019 que fue estimada por el Ejecutivo socialista en el 1,6% al inicio de año, base sobre la que se calculó la revalorización de las pagas de jubilación y demás prestaciones a clases pasivas pero que vista la falta de presiones inflacionistas no alcanzará dicho nivel al cierre de ejercicio.

Todos los organismos internacionales han rebajado ya la previsión de inflación para nuestro país, siendo los primeros la Comisión Europea (1,1%) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (1,2%). Con esta primera revisión las cuentas del Gobierno ya se descuadran ya que el coste de esta desviación de entre 5 y 4 décimas porcentuales implicaba para la Seguridad Social un gasto extra de entre 500 millones y 625 millones de euros. Sin embargo, la puntilla la dio el Banco de España la pasada semana con su publicación sobre las perspectivas macroeconómicas para el resto del año de nuestra economía, en las que arrojaba una rebaja para el IPC del conjunto del año de ocho décimas, situándose este en el 0,8%.

Asumiendo esta desviación, la factura de gastos extra en la partida de pensiones asumida por el Estado supera los 1.000 millones de euros, un tercio del coste de 2018 de la subida de pensiones en base a la inflación. Cabe recordar que, a finales del 2018, el Ejecutivo socialista aprobó un Real Decreto-ley en el que se fijaba la revalorización de las pensiones en el 1,6 por ciento para 2019 en base a la inflación prevista para el conjunto del año. Una medida prevista tras el acuerdo de Presupuestos Generales de 2018, aún vigente, alcanzado entre el Partido Popular (PP) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) por el cual se daba un estocazo al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) contenido en la reforma de las pensiones de 2013 y que operaba subidas del 0,25 por ciento -impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy- y se volvía a vincular la cuantía de las pagas a la evolución de la inflación.

Incremento del poder adquisitivo

Tal y como informó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el pasado mes de febrero, cunado abonó a los pensionistas la conocida como paguilla por el desvío de la inflación de 2018 respecto a la subida realizada –en ese caso el IPC fue mayor y se compensó a la postre-, cada décima de desviación le cuesta al Estado 127 millones de euros. De modo que para mantener el poder adquisitivo de los jubilados, se llevó a cabo un desembolso por ese valor ya que la subida efectuada fue del 1,6% mientras la inflación cerraba el año en el 1,7%.

Ahora la situación es la inversa. Si bien el Gobierno no parece dispuesto a meter la mano en el bolsillo de los pensionistas ante una subida de las pagas mayor que la reglada –en base a IPC (0,8%)-, parece que el resultado será un importante incremento del poder adquisitivo de los pensionistas para este año, ya que sus ingresos crecerán el doble que la inflación. Una ganancia de poder de compra que, no en vano, había sido frenada en los años de la recuperación económica al entrar en vigor el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que instauró durante cuatro años consecutivos hasta el pasado 2018 subidas de las pagas del 0,25%.

De hecho, no existen señales de que la tendencia de la evolución de los precios se pueda revertir en los tres meses que restan de año. Según datos del INE publicados este lunes el IPC no experimentó variación en septiembre en relación al mes anterior si bien recortó dos décimas su tasa interanual, hasta el 0,1%, su menor nivel desde agosto de 2016. Desde el organismo estadístico se atribuye el descenso de la tasa interanual del IPC al abaratamiento de la electricidad, además de un comportamiento de los carburantes y los productos energéticos a la baja en plena coyuntura de desaceleración de la economía internacional y desequilibrios comerciales generados por la guerra comercial que librea Estados Unidos y China.


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