El incremento de la protección económica frente al paro de larga duración con la recuperación y mejora del subsidio para mayores de 52 años, una de las medidas estrella en materia laboral aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, ya se deja sentir en las arcas públicas. Prueba de ello es que el gasto en subsidios no ha hecho más que crecer durante sus tres meses de vida, hasta dispararse nada menos que un 26% en mayo de 2019 (último dato disponible) respecto al mismo periodo del año pasado.
Antes de nada, conviene matizar que los servicios públicos de empleo (el antiguo Inem) abonan todos los meses una serie de prestaciones por desempleo. Aquí se incluyen tanto las contributivas que cobran los trabajadores tras haber cotizado a la Seguridad Social y extinguirse su relación laboral con la empresa como los subsidios asistenciales que se pagan a quienes no llegan al mínimo cotizado para acceder a la prestación y cumplen una serie de requisitos. También la Renta Activa de Inserción, el subsidio y la renta agraria y los beneficiarios residuales del extinto Programa de Activación para el Empleo.
Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo reflejan que los gastos totales en estas prestaciones ascendieron a 1.457,5 millones de euros el pasado mayo, un 8,5% más que un año antes. El repunte es importante y, como viene siendo habitual, la mayor parte del desembolso se produce en las prestaciones contributivas, con más de 900 millones de euros y un alza cercana al 7%. Pero hay un dato que llama especialmente la atención: el siguiente gasto de mayor volumen, el de los subsidios, escala en tasa anual un 26%, hasta superar los 440 millones de euros, lo que supone ya el 30% de lo que se gasta en prestaciones por desempleo cada mes.
Este incremento inusual se explica, precisamente, por la mejora de la protección a los parados sénior que recuperó el pasado mes de marzo la ministra Magdalena Valerio. Desde su departamento explican a La Información que efectivamente esta subida desmesurada del gasto “se debe en parte a la recuperación del subsidio de 52 años, ya que hasta hace poco tiempo la gente había agotado las prestaciones por desempleo porque había personas que llevaban mucho tiempo en el paro”.
De acuerdo con la explicación que facilita a este medio la Secretaría de Estado de Empleo, con la recuperación de los puestos de trabajo se están recuperando también las cotizaciones por desempleo y cuando la gente se queda en el paro, vuelve a cobrar sus prestaciones. Es decir, el hecho de que se estén quedando en situación de desempleo trabajadores que durante los años de recuperación económica volvieron a reunir derechos para el cobro de estas prestaciones apunta a ser la principal causa del aumento del gasto.
Un análisis pormenorizado de los informes estadísticos elaborados por el Servicio Público de Empleo Estatal para los meses de marzo, abril y mayo corrobora que el origen de este fuerte crecimiento estaría en la medida decretada por el Ejecutivo el Día de la Mujer, en plena precampaña electoral para el 28 de abril. Los beneficiarios del subsidio por desempleo se han ido reduciendo en todas sus modalidades (agotamiento de prestación contributiva, periodo cotizado insuficiente, emigrantes retornados, liberados de prisión, trabajadores declarados plenamente capaces o inválidos parciales, fijos discontinuos y subsidio extraordinario por desempleo) menos en una: los mayores de 52 años.
Las cifras muestran que en cuanto entró en vigor la ampliación de la ayuda desde los 55 hasta los 52 años se incorporaron al subsidio 12.529 nuevos beneficiarios del rango de edad entre 52 y 54. Esa cantidad prácticamente se dobló en abril, cuando se registraron 22.436, y volvió a subir de manera importante en mayo, cuando se alcanzaron los 31.461 beneficiarios. En total, entre todas las edades superiores a los 52 años en este último mes había 327.913 personas cobrando esta ayuda, lo que supone más del 40% del total de beneficiarios de subsidios (804.032).
No hay que olvidar que el propio Ministerio ya admitió que el subsidio para mayores de 52 años acabará por convertirse en una suerte de ‘renta vitalicia’ para sus beneficiarios. En sus cálculos para estimar el coste de esta medida Valerio se basó en un escenario en el que este colectivo, lejos de reducirse, se va a mantener año tras año y va a ir sumando nuevas incorporaciones en cada ejercicio, hasta llegar a triplicar el gasto para las arcas públicas en los próximos tres años.
