AIReF calcula que cada 15 días el impacto se eleva en 3.400 millones
La evolución desbocada del gasto público que asume el Estado en la financiación de los Erte sitúa la medida del ingente esfuerzo que está realizando la Administración y la dificultad de prolongar estos esquemas de protección de empleo durante el último trimestre de este año, más aún en la actual situación de desplome de la recaudación tributaria y escasez de recursos. De momento, hasta finales del mes de septiembre la factura ascenderá hasta los 42.000 millones de euros entre las exenciones con cargo a la Seguridad Social y la prestaciones con cargo al Sepe, lo que es equivalente a 3,5 puntos de PIB.
De hecho, hasta el 30 de junio y desde la segunda quincena del mes de marzo, el coste para el Estados se desglosaba en los 15.200 millones destinados a las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados y otros 6.900 millones en concepto de exención de cotizaciones. Un impacto que según explican desde la AIReF implica un coste de 3.400 millones de euros más por cada quincena que se extiende la cobertura, y que por tanto, elevará la factura hasta los 41.814 millones de euros para final de septiembre entre Sepe y Seguridad Social.
Piedra de toque
De este modo, el hecho que el programa de ayudas aprobado por el Gobierno no es un brindis al sol sino que implicará esfuerzos presupuestarios para los próximos años, bien los saben entre los agentes sociales, pero también el propio Ejecutivo. Más aún, después de conocer que hasta los 144.000 millones de euros en ayudas que pueden llegar desde Bruselas estarán altamente condicionados a la aplicación de reformas estructurales.
Con todo y con ello, parece evidente que el Ejecutivo necesitará aquilatar un modelo muy ajustado de prolongación de los Erte hasta diciembre, si se llegan a extender, ya que la intención del Gobierno es la retirada paulatina de las ayudas para empresas y trabajadores afectados por la crisis. De hecho, si se ampliaran los Erte en las condiciones actuales al mes de dicimebre, la mastodóntica factura para el Estado llegaría hasta los 62.200 millones de euros.
Es decir, la eventual extensión de los Erte más allá del mes de septiembre, puerta que ha dejado abierta la propia ministra Yolanda Díaz en las últimas semanas, dependerá de las finanzas públicas.
Reincorporación fraudulenta
En este sentido, durante las últimas semanas, el Ministerio de Trabajo ha iniciado un proceso de detección de irregularidades en los Erte. Principalmente, los expedientes de fraude en los Erte que está abriendo en estos momentos la Inspección de Trabajo son por situaciones de reincorporación irregular de los empleados incluidos en el expediente. Es decir, el trabajador en Erte vuelve a su puesto de trabajo, la empresa no lo notifica en el Sepe y esa persona sigue percibiendo la prestación por desempleo y la renta del trabajo. “Son la mayoría de casos”, aseguran las fuentes consultadas por elEconomista. Aunque también se estarían notificando por parte de la Inspección irregularidades que tienen que ver con el fraude en las horas extra de los empleados, que se han visto afectados por reducciones de jornada.
Con todo ello, el Pleno del Congreso votará este miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 26 de junio para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) asociados al covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis, así como la creación de un nuevo fondo de garantías para la gran industria.
En vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución establece que cada decreto ley deba votarse en el Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación o derogación, con la posibilidad también de que los grupos aprueben su tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer cambios a través de enmiendas.
