La contratación indefinida ha entrado en barrena. Si el pasado mes de febrero saltaban las alarmas cuando los contratos fijos caían por primera vez en los últimos cinco años, los datos de marzo, abril y mayo no han hecho más que ratificar el desplome. El empleo estable se ha hundido, y no por casualidad ha iniciado su caída libre coincidiendo con la entrada en vigor de una decisión adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2018: la eliminación del contrato indefinido de apoyo a emprendedores que introdujo la reforma laboral del PP en 2012.
Fue el contrato estrella de Mariano Rajoy, y el Ejecutivo socialista decidió liquidarlo en el megadecreto que aprobó a finales de 2018 en materia de Seguridad Social y que suprimió también otro tipo de contratos cuya supervivencia se condicionaba a una tasa de paro superior al 15%. El desempleo cayó bajo ese nivel en el tercer trimestre de 2018 y Sánchez adoptó esta decisión para “garantizar la seguridad jurídica y evitar la incertidumbre de empresarios y trabajadores sobre la vigencia de dichas medidas”, según se justifica en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
De lo que no se advirtió en ningún momento es de que la supresión de esta modalidad contractual tendría un impacto considerable en la contratación indefinida. Y así ha sido. “Los datos de paro y afiliación de mayo confirman la ralentización del mercado laboral”, comenta el presidente de IMF Business School, Carlos Martínez, que se fija precisamente en la caída de los contratos fijos y la asocia a la “menor confianza de los empresarios para contratar a medio y largo plazo ante las incertidumbres que ha generado el Gobierno socialista con decisiones como la subida de las cotizaciones o del salario mínimo”.
En ese mismo sentido, desde la patronal CEIM alertan de que “debido a la incertidumbre política y fiscal se está frenando la contratación indefinida”. Los empresarios piden “recuperar el diálogo social a nivel nacional con un Ejecutivo estable que sitúe el empleo como prioridad a través de una política fiscal favorable a las empresas que creen empleo, así como eliminando trabas y sobrecostes al factor trabajo” y sentencian: “La vía del incremento de las cotizaciones está agotada y ha demostrado que solo crea paro y fomenta la temporalidad de los menos cualificados”.
Los datos evidencian el hundimiento. Los contratos indefinidos cayeron más de un 3% en febrero (-5.590) respecto al mismo mes de 2018, más de un 7% en marzo (-13.627) y cerca de un 8% en abril y mayo (-14.691 y -15.917 contratos fijos, respectivamente). Los retrocesos mensuales son de 10.822 contratos indefinidos menos en marzo, otros 25.513 menos en abril y hasta 41.430 menos el pasado mes de mayo. El desplome es obvio.
El Gobierno admite el impacto
La propia secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha reconocido que la caída se debe precisamente a que ya no existen los contratos de apoyo a emprendedores. Descontado este efecto, ha asegurado, “la contratación indefinida ha aumentado en un 7,1%”. Este dato depurado, a su juicio, es “satisfactorio”, un “indicador objetivo que mueve a la confianza, sin llamar a la satisfacción exagerada o a la autocomplacencia” y que marca una “tendencia de un empleo de más calidad que no es nada desdeñable”.
Pero estos cálculos ‘cocinados’ no son más que “trampas al solitario”. Así lo considera Martínez, quien recuerda que “hay que ser cautos a la hora de tocar la legislación, sobre todo en lo que afecta a las condiciones de contratación y a las bonificaciones”. No en vano, los ‘contratos estrella’ del PP que liquidó Sánchez habían creado en conjunto casi 1,5 millones de puestos de trabajo en los últimos seis años, según dejó por escrito el propio Gobierno socialista en una respuesta al Grupo Parlamentario de Ciudadanos que pudo consultar La Información.
Precisamente, el grueso de estos contratos se registraron entre 2012 y 2018 en la modalidad del indefinido de apoyo a emprendedores, con 1.099.082 en seis años (la mitad de ellos solo entre 2017 y 2018). Este contrato, que podía suscribirse en negocios de menos de 30 trabajadores para la contratación de personas menores de 30 años o mayores de 45 años, ofrecía diferentes incentivos, desde los 1.200 euros para contratar a menores de 30 años hasta los 1.500 euros en caso de mujeres de más de 45 años, con un período mínimo de tres años.
Este tipo de contrato estaba en el punto de mira de los sindicatos, que lo criticaban, sobre todo, por su periodo de prueba de un año, al fin del cual el empresario podía prescindir del empleado sin indemnización. El Gobierno socialista anunció que eliminaría esta modalidad contractual por considerarla poco efectiva por el número de contratos firmados, entre otros motivos. Sin embargo, los datos que hizo públicos el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria reflejan una evolución creciente en los últimos años, hasta rozar los 300.000 solo en 2018.
Ahora, tras su eliminación, solo quedan registros residuales. En las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal todavía se anotan los contratos firmados antes del 1 de enero y que continúan vigentes, según explican fuentes del Ministerio de Trabajo. Se trata de apenas 23 contratos en el mes de mayo, mientras a estas alturas del año pasado estaban inscritos nada menos que 28.097 contratos de esta modalidad. Eran, hace doce meses, 28.097 empleos indefinidos que ahora no existen
