Más que una garantía social, el cese de actividad se ha convertido en un quebradero de cabeza para los autónomos y en uno de los caballos de batalla para las organizaciones que los representan. Se trata de la única protección que ofrece la Seguridad Social para aquellos que pierden su negocio por causas ajenas a su voluntad, pero en la mayoría de los casos se convierte en un problema para quienes la solicitan. Su cotización es voluntaria, eso sí, salvo casos concretos, como los autónomos económicamente dependientes.