Cuatro años de prisión por estafar a la Seguridad Social para que unas 250 personas cobraran el paro

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El macrojuicio tuvo que ser aplazado en dos ocasiones a causa de la pandemia y a los acusados se les condena a indemnizar al SEPE en casi 2,2 millones de euros

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha condenado por un delito de estafa agravado en concurso medial con otro continuado de falsedad en documento oficial, a cuatro años de prisión y al pago de multas de 1.620 euros cada a un padre y un hijo acusados de formar un entramado societario en Linares con el fin de facilitar a más de 250 personas el cobro fraudulento de prestaciones y subsidios por desempleo.

De hecho, se les condena a indemnizar al SEPE en casi 2,2 millones de euros, cantidad que responde al dinero sustraído de forma fraudulenta de las arcas públicas por las 259 personas que supuestamente se beneficiaron de esta estafa.

La sentencia a la que ha accedido Europa Press a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recoge como hechos probados que desde al menos 2007, A.H.A., conocido como ‘Ángel’, y su padre A.H.M., conocido como ‘Enrique’, crearon un entramado societario dirigido a «permitir obtener de manera fraudulenta prestaciones o subsidios de desempleo, y altas indebidas en la Seguridad Social».

Así, previo cobro de determinadas cuantías pecuniarias que oscilaban entre los 80 y 300 euros mensuales a cada uno de sus supuestos trabajadores, «procedían a realizar contratos ficticios, usualmente de carácter temporal por circunstancias de la producción y a tiempo parcial, y dar de alta a estos supuestos trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social».

Añade la sentencia que, en muchas ocasiones lo hacían por el tiempo mínimo imprescindible para que «estos tuviera acceso a las prestaciones o subsidios de desempleo, expidiendo a tales efectos certificados de empresa mendaces para su presentación ante los organismos gestores de dichas prestaciones de desempleo».

Vendedores de mercadillos

Los referidos contratos no obedecían a actividad laboral alguna sino que se utilizaban instrumentalmente para «justificar ante las distintas entidades oficiales la situación de alta en la Seguridad Social».

En este punto, la sentencia apunta que la gran mayoría de esos supuestos trabajadores eran «vendedores en mercadillos locales» que «necesitaban presentar ante las entidades locales la justificación de alta en la Seguridad Social para acceder a un puesto de venta y para obtener prestaciones o subsidios de desempleo».

Como consecuencia de esta actividad, por parte del SEPE se han reconocido prestaciones y subsidios de desempleo indebidos por un importe total de 2.198.357,74 euros.

La sentencia absuelve a estos dos acusados del delito de constitución/integración en organización criminal objeto de acusación. También absuelve a otros dos acusados que se sentaron en el banquillo el pasado 13 de octubre.

Más de 250 acusados

Los 259 acusados restantes de esta causa se irán juzgando por lo Penal de diez en diez. Se trata de los supuestos beneficiarios de estas ayudas y prestaciones. A ellos, el Ministerio Fiscal les reclama dos años de prisión y que devuelvan lo cobrado de forma indebida.

Esta macrocausa estaba previsto que se enjuiciara el pasado 17 de marzo, pero entonces la declaración del estado de alarma conllevó su supresión. Volvió a fijarse para el 14 de septiembre, pero tampoco pudo celebrarse. Finalmente, se celebró con los cuatro acusados principales el pasado 13 de octubre.

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