Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre enero y agosto del 2020 un total de 968.452 trabajadores se vieron afectados por procedimientos de despido colectivo, suspensión de contrato o reducción de la jornada de trabajo en España. Para poner en perspectiva esas cifras, debe señalarse que, durante todo el año 2019, fueron «solamente» 88.927 los que estaban en esas situaciones.
Uno de los principales problemas que se ha generado es el relativo a la prestación por desempleo. Con ocasión del primer estado de alarma declarado por el Gobierno, se trasladó a las empresas la obligación de tramitar la solicitud de prestación por desempleo de quienes estuvieran afectados por los denominados «ERTE» relacionados con el covid-19.
La avalancha de ese tipo de ERTE generó un volumen exacerbado de solicitudes presentadas por las empresas ante el SEPE, organismo encargado de abonar la prestación por desempleo. La difícil gestión de tal volumen de solicitudes ha tenido un claro perjudicado: todas y cada una de las personas que esperan la tramitación de «su» expediente. Todavía hoy en día, son numerosos los casos en los que los llamados a ser beneficiarios no han percibido ningún importe en concepto de prestación por desempleo, o bien han percibido un importe inferior al que legalmente le corresponde.
Ello plantea una cuestión capital desde la óptica de la Administración: además de la obligación de regularizar las prestaciones en los referidos supuestos, cabría plantearse la eventual responsabilidad patrimonial del Estado -el SEPE, en este caso- derivada de dicha coyuntura. Con ello, nos referimos a los perjuicios que pueda estar sufriendo ese colectivo de damnificados como consecuencia de la ineficiente gestión por parte del SEPE. Parece claro que, por un lado, no existe razón alguna para que los perjudicados deban soportar este daño; por el otro, que ello ha acontecido por un funcionamiento anormal de la Administración pública: ya sea por falta de recursos, falta de adaptación tecnológica, etcétera.
Así, no resultaría extraño que, a la compleja situación actual del SEPE, se le sumara una problemática adicional derivada de incontables reclamaciones por daños y perjuicios de todos aquellos cuyo derecho a las prestaciones sociales («especialmente en caso de desempleo», como apunta la propia Constitución española) se ha visto menoscabado.
Fuente: La Voz de Galicia
