El esperado diagnóstico sobre la sostenibilidad financiera de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -el órgano independiente de análisis presupuestario cuya creación forzó Bruselas para garantizarse un análisis independiente sobre las cuentas públicas españolas- concluye que sí, que el sistema de pensiones es sostenible a futuro, pero que habrá que adoptar medidas importantes de reforma, más aún tras la decisión del Gobierno de actualizar las pensiones con el IPC.
El informe estima que a largo plazo se puede llegar a un escenario de sostenibilidad similar al que garantizaba la reforma de las pensiones aprobada por el PP en 2012, que ‘condenaba’ a los pensionistas a una revalorización mínima de sus prestaciones del 0,25% hasta 2050, pero que para ello habrá que retrasar la edad a la que se jubilan los españoles y también empezar a tener en cuenta toda la vida laboral a la hora de calcular la pensión.
El primer objetivo cree que debería lograrse modificando los requisitos de acceso a la jubilación anticipada -endureciéndola- y también de la edad ordinaria, hoy situada en 65 años y 8 meses y que llegará a los 67 años en 2027. En el documento, se aboga por acelerar su aplicación.
La Autoridad Fiscal también cree que el Gobierno debería acelerar la implantación del cálculo de la pensión con toda la vida laboral, una medida que en la mayor parte de los casos se traduciría también en una reducción de la prestación a recibir por los trabajadores tras la jubilación.
A corto plazo, la solución de la Autoridad Fiscal para el déficit de las pensiones (unos 20.000 millones) es….cargárselo al Estado. Su solución, en realidad, no afecta a la insuficiencia general de las cuentas públicas pero el organismo entiende que así el Gobierno tendrá más incentivos para actuar, y para, por ejemplo, evitar que las AAPP bajen impuestos o eleven el gasto cuando arrastra semejante carga.
