Valerio: “Hay que renovar las recomendaciones del Pacto de Toledo, y es posible hacerlo este año”

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La trayectoria de la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, es un perfecto ejemplo de que la carrera del mérito es posible y de que la vocación, el conocimiento, la entrega y el esfuerzo son recompensados. Valerio relata con emoción y optimismo a elEconomista Pensiones sus proyectos y deseos al frente de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, un órgano que siempre percibió como algo mítico, un símbolo perenne del ámbito laboral, y que ahora preside con la misma ilusión con la que tomó posesión de la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en 2018, en el mismo edificio oficial en el que, años atrás, pisó por primera vez como opositora. Durante la entrevista, realizada telemáticamente, se muestra entusiasta y positiva con el futuro: cree que se puede esquivar una subida directa de las cotizaciones pese al azote del Covid-19 a las Cuentas de la Seguridad Social y confía en cerrar un acuerdo para la revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo este mismo año. Es entusiasta y comprometida: no en vano, gracias a esas cualidades en solo dos años ha encabezado los dos puestos estrella del ámbito laboral del país.

¿Hay más espacio para consensos en el Pacto de Toledo ahora que en febrero de 2019?

Están sentadas las bases para el consenso en materia de Seguridad Social en general y del sistema público de pensiones en particular. El objetivo es la unanimidad, pero si no se consiguiese vamos a fijarnos en uno de los grandes consensos que se había marcado el ministro Escrivá al inicio de la legislatura: el consenso por la inclusión. El ejemplo es el ingreso mínimo vital (IMV), que ha obtenido unos resultados parlamentarios impresionantes. Ese primer gran consenso del que habló Escrivá está conseguido con ese IMV, ahora hay que desarrollarlo y hacer un seguimiento para que llegue a buen puerto y todas las personas que cumplan los requisitos puedan acceder. Sienta una buena base para un siguiente consenso en pensiones.

¿Teme que se pueda trasladar a la Comisión la tensión del debate parlamentario?

El debate parlamentario está tenso, sí, pero prefiero quedarme con lo que nos une que con aquello que nos separa, como el buen ejemplo que dimos con el ingreso mínimo vital. Igual que en la Comisión de Reconstrucción, donde también tenemos que dar ese ejemplo a la sociedad, porque si queremos que la política gane credibilidad es fundamental que la ciudadanía nos vea útiles. La Comisión del Pacto de Toledo siempre ha sido un espacio de buen clima y un acuerdo sería una bonita forma de celebrar su XXV aniversario, si no unánime, lo más mayoritario posible: nos jugamos mucho.

¿Cuándo podrá aprobarse un acuerdo de recomendaciones del Pacto de Toledo?

Sería muy importante poder sacar adelante el acuerdo este año. Primero tiene que haber un acuerdo en mesa y portavoces, luego debe ir al plenario de la Comisión y finalmente tiene que ir al pleno del Congreso, y eso lleva una tramitación. Hay que generar certidumbre en cuanto a la normativa, el Pacto de Toledo es un marco que da unas recomendaciones, junto con la Mesa de Diálogo Social. Las bases están sentadas para tener las recomendaciones antes de que acabe el año. El objetivo es cerrarlas cuanto antes y dar al Gobierno un marco para luego legislar. Cuanto antes se pueda poner el Ministerio manos a la obra, mejor para todos. Existe la posibilidad de que cerremos las recomendaciones en 2020.

¿Abre la puerta a que la subida con el IPC se vea condicionada por otros indicadores?

Ya hay un preacuerdo en el Pacto de Toledo sobre la recomendación segunda de la suficiencia de las pensiones alcanzado por todos los grupos el 27 de septiembre de 2018. El impacto de la pandemia de la Covid-19, además de en vidas humanas, ha incidido en las cuentas de la Seguridad Social, en el SEPE y en general en todas las Cuentas Públicas. Se está recaudando menos en impuestos, cotizaciones… La idea que se tiene en el Pacto de Toledo es que no se pierda poder adquisitivo en las pensiones. Con la reforma de 2013 se impactó sobre los pensionistas de ese momento por primera vez en varias décadas. No se va a modificar la idea de que se debe mantener el poder adquisitivo de los pensionistas: seguirá adelante con la actual composición del Pacto de Toledo.

¿Cree que habrá algún tipo de ajuste para 2021, bien por la vía del gasto o por la vía de los ingresos, en la Seguridad Social?

No creo, con el acuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos para nada está previsto ningún recorte de prestaciones ni subida de cotizaciones. Espero que no se tengan que subir las cotizaciones de manera excepcional ni tampoco recortar prestaciones, pero el Gobierno es consciente de que este año se va a necesitar un esfuerzo de la Tesorería de la Seguridad Social. Estaba previsto un préstamo de 13.830 millones. Pero este año, además, el Real Decreto-Ley 19/2020 ha acordado un refuerzo extra a la Seguridad Social con un préstamo más de 16.500 millones, por lo que el crédito se va por encima de los 30.000 millones. Y también se ha acordado que se eleve la transferencia, -que todos los años se usa para las prestaciones no contributivas, el complemento a mínimos de las pensiones, para pagar las prestaciones familiares-, a 14.000 millones. La ley prevé estas transferencias para incluso poder terminar de pagar las prestaciones contributivas vía Presupuestos. Lo ideal es que la Seguridad Social reciba transferencias y no préstamos a devolver.

¿Los préstamos seguirán siendo necesarios?

El Tribunal de Cuentas dice que todo esto se debe reorientar y debe quedar claro qué se paga con impuestos y qué con cotizaciones. Ahora necesitamos una inyección del Estado porque estamos en déficit pero cuando se jubile la generación del baby boom de manera permanente vamos a necesitar inyección vía Presupuestos y vía impuestos para poder mantener nuestro sistema. Ni más ni menos que lo que están haciendo otros países de la UE como Francia con la Contribución Social Generalizada, o Alemania, con impuestos generales. Esto implica que es necesaria una reforma fiscal para equipararnos a otros países de la UE -estamos 6 o 7 puntos por debajo de la media en presión fiscal- y que haya progresividad, como marca la Constitución, de modo que paguen más los que más tienen.

¿El pago del ingreso mínimo desde la Seguridad Social choca con la ‘Recomendación 1’, de separar las fuentes de financiación?

No, eso está meridianamente claro. El ingreso mínimo no se va a financiar con cotizaciones, sino con transferencias del Tesoro a la Seguridad Social. Es una prestación de Seguridad Social no contributiva, se encaja en el artículo 41 de la Seguridad Social y en el 149. 1.17 de la Constitución. El IMV, que conlleva una conexión total de los datos de la Seguridad Social con los de Hacienda y la Agencia Tributaria, se ha decidido que como Navarra y País Vasco tienen su propio régimen foral y ese control de datos puedan gestionar la ayuda. Por eso es importante la Comisión de seguimiento, donde van a estar las autonomías y las Administraciones Locales.

¿Hay riesgo de que la gestión del IMV se convierta en una competición entre CCAA?

El ministro ha hablado con todas las consejerías de las CCAA. Es verdad que hay algunas que quieren gestionar el IMV. País Vasco y Navarra tienen unos programas de rentas con mucha experiencia en su gestión, y son las pagas más elevadas del país. Tienen una infraestructura muy importante para gestionarlas. Del INSS, se está acostumbrado a que funciona con mucha agilidad, tiene muchos medios telemáticos, una gerencia informática muy potente, hay aplicaciones muy actualizadas, para que la concesión de las ayudas y el pago llegue lo antes posible. En pensiones no contributivas, no todas las CCAA están funcionando bien en su gestión y tramitación. Hay que garantizar que las cosas funcionen bien, y en esos convenios que se van a suscribir con las CCAA se debatirá la cuestión. El ministro quiere una gestión multicanal. Las autonomías son esenciales, y la cooperación con ellas es esencial para que salga bien.

¿Esta concesión del IMV a País Vasco y Navarra y el plan para ceder al primero la gestión de la Seguridad Social rompe la ‘caja única’?

En el acuerdo con el Gobierno vasco en materia de transferencias una de las cuestiones que se va a estudiar en 2021 es la transferencia de la gestión económica, que está en el Estatuto de Gernika hace décadas y en otros estatutos de autonomía. Para nada se va a quebrar ahora ni en el futuro la caja única de la Seguridad Social. Uno de los grandes activos que tiene este país es su sistema de Seguridad Social y lo que tenemos que hacer es reforzarlo, garantizando su sostenibilidad presente y futura con dos aspectos: la sostenibilidad social con prestaciones suficientes que no pierdan poder adquisitivo, debidamente revalorizadas con el IPC, y la sostenibilidad financiera. No tenemos un gasto disparado en pensiones sobre porcentaje de PIB (12%). Estamos en torno a la media de la UE, incluso por debajo -en porcentaje de PIB- de países como Portugal, Francia, Italia…

¿Habrá pensiones de viudedad más bajas cuando se culminen las reformas?

No tengo la bola de cristal… Son pensiones contributivas de la Seguridad Social. Ha habido voces que han dicho que había que sacar las pensiones de muerte y supervivencia, que son en torno a 20.000 millones anuales, y directamente ponerlas como no contributivas. Así, de golpe y porrazo, acabaríamos con el déficit del Sistema e incluso tendríamos superávit. Esto que lo han planteado algunos expertos y algunos políticos: la recomendación del Pacto de Toledo, tal y como quedó en febrero, no va por ahí. Pero hay muchas cuestiones pendientes. Hay una brecha salarial entre hombres y mujeres del 23%, y en cuanto a la cuantía de las pensiones es más elevada, por encima del 30%. El día que nos equiparemos totalmente a los hombres, igual hay que replantearse la pensión de viudedad, de la mujer y de los hombres. En este momento no está previsto que viudedad y orfandad salgan del sistema contributivo.

¿Tendrán mayor peso en la reforma los sistema de previsión social a largo plazo? ¿Cómo valoras la decisión del Gobierno de eliminar incentivos al plan de pensiones?

Las desgravaciones que se ofrecen al suscribir un plan privado de pensiones no están beneficiando por igual a las personas con rentas bajas en relación con las rentas altas. Y que una gran mayoría de las personas que tienen planes que realmente luego puedan ser un complemento a la pensión pública son personas que seguramente no lo necesitan porque a lo largo de su vida han tenido rentas superiores por lo que pueden tener ahorros, acciones en empresas, más propiedades inmobiliarias, y que sin embargo las personas de renta baja que sí les podría venir bien tener un plan de pensiones para completar la pensión pública resulta que no tienen margen de maniobra por la renta que perciben para suscribirse un plan de pensiones. La desgravación implica que tu dejas de ingresas a la Hacienda pública, si ese dinero se dejan de aportar los planes privados, los aporta el Estado en los de empresa, sí que se llegaría más a las personas trabajadoras con rentas más bajas. El problema de estos planes, es que según la distribución del tipo de empresas en nuestro país, es que hay muchas muy pequeñas.

¿Por qué logro u objetivo le gustaría ser recordada a Magdalena Valerio tras su presidencia del Pacto de Toledo?

Me gustaría ser recordada como quien fue capaz de liderar de una vez por todas la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo que llevan pendientes desde enero del año 2016. Me gustaría sacar el acuerdo si no con mayoría absoluta, sí con una mayoría solvente como se sacó el IMV, a mÍ me gustaría que VOX votase que sí a las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Fuente: El Economista

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