Sin ningún disimulo, hoy martes la Ministra de Educación mostró su enfado con el Ministerio de Trabajo, que tramitó el “famoso” RDL 28 2018 sin hablar con ningún colectivo, y abrió la puerta a una posible rectificación: “Este Gobierno no va a permitir que una medida vaya en detrimento del sistema educativo, cuya prioridad es dar las máximas oportunidades a las personas”. Aunque reconoció que no tiene la solución, que tendrá que llegar en el desarrollo normativo del decreto. “Trabajo está buscando la forma de no perjudicar a las empresas”, aseguró la ministra.
Trabajo calcula que la Seguridad Social recaudará 74,46 millones de euros al año y que se beneficiarán 534.000 alumnos. El decreto no deja claro quién debe de abonar la cuantía: empresas, instituciones o universidades. Este departamento intentó ayer calmar los ánimos y un portavoz de Trabajo respaldó las palabras de Celaá: “No se actuará en contra de las oportunidades de ningún estudiante”. Una vez publicado el decreto, el departamento de Magdalena Valerio se reúne ahora con los rectores y los ministerios para desarrollar su reglamento.
Celaá se vio obligada a hablar de este espinoso asunto forzada por una pregunta en la Comisión de Educación del PP. “La información que ustedes demandan está sujeta a su propio desarrollo. Se la deberían haber cursado a Trabajo y además está condicionada a un suceso futuro, el desarrollo normativo. Es una pregunta impropia y anticipada”. La diputada del PP Sandra Moneo respondió a Celaá en un tono igual de airado: “Lo único que sabemos es que ha habido una descoordinación tremenda en el Gobierno, quizás Trabajo se ha agarrado a los estudiantes para compensar las muchas bajas en la Seguridad Social”.
