Un informe interno de la Seguridad Social ve ilegal ceder competencias al País Vasco

Se apoya en nueve sentencias del Constitucional para avalar que el Estado “tiene competencia exclusiva sobre el régimen económico” del sistema.

Traspasar las competencias de gestión sobre el régimen económico de la Seguridad Social al Gobierno vasco “contraviene los principios básicos inherentes a todo sistema de Seguridad Social y que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos, los de unidad, equidad y solidaridad”, compromete la igualdad del sistema y perturbaría a futuro su adecuado funcionamiento económico; generaría problemas de gestión y , más allá de estos argumentos, “resulta contrario a la Constitución”.  Un informe jurídico elaborado por los servicios técnicos de la Seguridad Social hace menos de dos años -en el marco de la negociación del Gobierno Rajoy con el PNV para cerrar un acuerdo sobre los Presupuestos de 2018- concluye que el eventual traspaso de competencias de gestión del sistema al Gobierno Vasco, como el que se ha abierto a negociar en 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez, supondría “dejar sin efecto la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social que el Estado tiene atribuida” y, por tanto, “sería contraria a la Constitución Española”.

El informe menciona hasta nueve sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la competencia exclusiva del Estado en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y que interpretan esa función exclusiva de la Administración del Estado como cauce para “garantizar la unidad del sistema de la Seguridad Social, y no solo la unidad de su regulación jurídica, impidiendo diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las comunidades autónomas”.

Ese riesgo latente de ruptura de la caja única de la Seguridad Social es el que ha inhibido hasta la fecha la acción de los sucesivos gobiernos ante los intentos permanentes desde el País Vasco y desde Cataluña por entrar en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social tal y como se recoge en sus respectivos estatutos de autonomía. Para los servicios técnicos de la Seguridad Social, esas referencias en los textos estatutarios no constituyen un argumento suficientemente poderoso como para descentralizar algunas parcelas de gestión de la Seguridad Social, ya que su aplicación estricta supondría, desde su punto de vista, “anteponer el Estatuto de Autonomía a los preceptos constitucionales”.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha cuidado mucho de asegurar que cualquier cesión que se realice en ese ámbito será bajo el escrupuloso respeto a la caja única de la Seguridad Social, pero el mero anuncio del establecimiento de un horizonte cierto para negociar y traspasar esas competencias a finales de 2021 ha desencadenado la alerta de los funcionarios del organismo. Una alerta alimentada por el silencio del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que en una jornada en que se reunió con el líder de uno de los principales sindicatos, Unai Sordo (CCOO) y con el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ni siquiera hizo un comentario público sobre una cuestión que afecta directamente a la gestión de su departamento.

Hasta dónde se puede llegar en el traspaso de competencias

La reunión de este jueves de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, con el ‘lehendakari’ Íñigo Urkullu y el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, para fijar un calendario para el traspaso de una treintena de competencias entre las que estaban las de Prisiones y Seguridad Social ejemplifica el juego de equilibrios en el que se deberá mover el Ejecutivo de Pedro Sánchez en los próximos meses para gobernar esa coalición multipartidista que le sostiene en el Gobierno. Mientras el Ejecutivo vasco salió de la reunión dando por hecho que a partir de 2022 gestionará, entre otras cosas, el pago de las prestaciones a sus pensionistas, la ministra de Política Territorial se limitó a confirmar que hay un compromiso para negociar ese traspaso a partir de junio de 2021 en tanto que desde el Ministerio de Seguridad Social se deslizaba que esa negociación dependerá además de lo que se determine en el marco del Pacto de Toledo.

Asteriscos para una negociación que amenaza uno de los últimos reductos de gestión centralizada de la Administración del Estado: la caja única de la Seguridad Social. El posibilismo gubernamental respecto a la posible existencia de ámbitos de gestión dentro de la Seguridad Social que se puedan traspasar al Gobierno Vasco sin amenazar esa caja única no se comparte en el informe interno al que ha tenido acceso La Información.

Desde Vitoria se pretende asumir la función recaudadora de las cotizaciones en su ámbito territorial, la inscripción de empresas y el registro de las altas y bajas de los trabajadores o la tutela de las mutuas de accidentes de trabajo y seguridad social en su territorio, entre otras cuestiones. Ni el Gobierno ni el Partido Socialista quieren entrar ahora en hasta dónde se podría llegar, pero el informe interno de los servicios técnicos de Seguridad Social deja claro que el reconocimiento de prestaciones, la inscripción de empresas o los movimientos de trabajadores son ámbitos que afectan a la unidad de acción del sistema.

Caos en la gestión

El informe advierte que la cesión de competencias a las comunidades autónomas aumentaría la complejidad de gestión del sistema y sus costes operativos, en un momento además en que la llegada del expresidente de la Autoridad Fiscal al Gobierno aproxima la posibilidad de que éstos se traspasen a la cuenta del Estado. “La disgregación del actual sistema de Seguridad Social elevaría considerablemente los costes de gestión y traería consigo indudables consecuencias organizativas que afectarían a todas las áreas”, recalca el informe.

Altos funcionarios de la Seguridad Social advierten de que la dinámica de funcionamiento del sistema lo hace muy sensible a eventuales cambios en su gestión. Recalcan que hay aspectos que pueden parecer no centrales del sistema, como el reconocimiento de determinadas prestaciones al margen del tramo contributivo o la gestión de la recaudación, que pueden derivar en un ruptura de la unidad del sistema. “La legislación sobre Seguridad Social no alcanza a todo y en muchas ocasiones el reconocimiento de determinadas prestaciones, las altas de empresas o incluso los aplazamientos de pago se hacen en función de criterios que se fijan por instrucciones internas”, argumentan. “Si se rompe esa unidad de criterio, la desigualdad en el funcionamiento del sistema según el territorio en el que estés será inevitable“, concluyen.