El Ministerio de Trabajo ha decidido, por una parte, subir el tipo de cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional del personal de oficina del 1% en el que estaba en 2018 al 1,5%; y ha decretado la eliminación del ‘bonus’ que anualmente se repartía entre las empresas que acreditaban unos mejores resultados en la lucha contra la siniestralidad laboral y que distribuía unos 100 millones de euros al año.
El Gobierno solo justifica la segunda de las medidas – la supresión del sistema del ‘bonus’ – bajo el argumento de “las distorsiones y desproporcionada disminución de ingresos que las modificaciones introducidas por dicho real decreto generan respecto de la cotización por contingencias profesionales” y con el compromiso de una reforma del sistema a lo largo del año 2019.
Nada dice de la subida del 1% al 1,5% del tipo de cotización de los trabajadores de oficina, una medida aparentemente inocua pero que según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo alcanza a tres de cada cuatro trabajadores y supone, por tanto, una subida generalizada de medio en las cotizaciones sociales que pagan las empresas.
Lo que ha ocurrido en los últimos años es que, dada la precariedad de las cuentas del sistema de pensiones, los sucesivos gobiernos han ido tirando de esos excedentes del Fondo de Contingencias Profesionales para pagar las pensiones, supuestamente con carácter reintegrable en el futuro.
Ese excedente contable del sistema ha sido sistemático a lo largo de los últimos años y de hecho CEOE lleva reivindicando desde hace tiempo una reducción de las cotizaciones por accidentes de trabajo ante la evidencia de que existe una sobrecotización de carácter estructural.
La organización empresarial calcula que desde el año 2012 el Gobierno ha desviado 9.648 millones de euros de excedentes del Fondo de Contingencias Profesionales para pagar las pensiones públicas, una cifra que probablemente supere los 10.000 millones después de 2018, según las proyecciones de CEOE.