El Ministerio de Función Pública y el sindicato CSI-F se enfrentan por cómo se cuentan los días libres de los funcionarios. Denuncia CSIF que el Gobierno ha cambiado de criterio aplicando un criterio de proporcionalidad al tiempo realmente trabajado durante el año y que eso supone un recorte de derechos. El departamento dirigido por Meritxell Batet niega “categóricamente” esta acusación.
El pasado día 14 de diciembre, la Comisión Superior de Personal emitió un acuerdo que recuerda que para todos los funcionarios se aplica el “criterio sostenido” desde el 29 de febrero de 2008. En este último acuerdo se dice que estos días de libranza anual (seis días llamados moscosos y otros seis días que se van acumulando según la antigüedad, llamados canosos) se computarán “en función del tiempo efectivamente trabajado” aplicando una “regla de proporcionalidad”.
Aclaran que el acuerdo de la Comisión Superior de Personal al que se refiere el sindicato CSIF, “responde únicamente a la consulta de un organismo público que afecta exclusivamente a los empleados públicos de nuevo ingreso y relativa solo a si deben o no computar los períodos de práctica o cursos selectivos”.
Por su parte en el sindicato mantienen esta denuncia y han criticado esta decisión por la forma en la que se ha adoptado por parte del Gobierno y, sobre todo, porque no tiene en cuenta situaciones como la reincorporación de mujeres maltratadas o de trabajadores que vuelvan al trabajo después de una excedencia por cuidado de hijos o familiares, criterio que el Ejecutivo rechaza de plano y “lamenta profundamente la manipulación sobre un asunto tan sensible”.
CC OO y UGT, han interpretado la respuesta de diciembre en la misma línea que el Ministerio. “No hay cambio de criterio”, señalan en CC OO, “se aplica el que viene aplicándose desde 2008”. Lo mismo vienen a decir en UGT. En este sindicato, incluso señalan que el criterio de cómputo proporcional respecto al tiempo realmente trabajado se aplica a los moscosos desde 1992, sería sobre los canosos cuando se sigue la interpretación de 2008, un año después de aprobarse el Estatuto de la Función Pública.