Los políticos esquivan con pusilanimidad el asunto, pero el ajuste será más duro cuanto más se demore.
Las pensiones siempre han sido el gran problema financiero del futuro en España. El plan presupuestario del Gobierno enviado a Bruselas no da más pistas que el silencio, y las medidas sobre Seguridad Social se limitan a subir alegremente las cuantías como lo haga el IPC y un 3% las mínimas y las asistenciales, que proyectarán su onerosa onda expansiva en el gasto durante décadas, y a una fuerte subida de las bases mínimas de cotización por el alza del SMI en ingresos.
En los dos últimos años el ahorro se ha terminado y han echado mano ya de créditos del Tesoro por valor de 25.000 millones de euros para pagar las nóminas de un colectivo de nueve millones de pensionistas que no deja de engordar. El ritmo de avance del gasto y del ingreso deja pocas dudas de que en 2019 el déficit superará los 23.000 millones de euros si las medidas del Presupuesto se limitan a pequeños retoques en los ingresos, y que si no hay remedio en contrario, la siguiente legislatura arrancará con un desequilibrio financiero anual cercano a los 30.000 millones de euros, de tal guisa que todo el déficit fiscal permitido por Bruselas a España será de su sistema de pensiones.
Esta legislatura está muerta a efectos de reforma de pensiones, por mucho paripé que se haga en el Pacto de Toledo, en el que todos dicen estar de acuerdo en cuestiones menores como la revalorización de las prestaciones, pero donde falta el coraje para enfrentar la cuestión con la decisión que precisa. Todos saben, sobre todo populares y socialistas que han gestionado el sistema que “esto no aguanta diez años”, pese a que el secretario de Estado diga que sí a sabiendas de que no.
