El pasado viernes 30 de julio el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entregó en el Congreso de los Diputados el estudio de la recomendación 12 del Pacto de Toledo sobre la despenalización de las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización que se comprometió a presentar en julio, una nueva fecha que el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, estableció tras exceder en cinco meses el plazo oficial inicial. El informe analiza el impacto económico de eliminar los coeficientes que reducen las pensiones de más de medio millón de trabajadores que se retiraron anticipadamente con más de 40 años cotizados.
El documento, titulado Informe sobre el acceso a la pensión de jubilación anticipada para trabajadores con carreras de cotización largas, ha quedado registrado en la Secretaría General del Congreso con fecha del viernes 30 de julio, a las 18:39 horas. Tras su registro en el Congreso de los Diputados, corresponde ahora a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo estudiar las cifras, consideraciones y conclusiones que plantea el departamento de Escrivá, con vistas a solucionar (total o parcialmente) una de las grandes reivindicaciones del colectivo afectado
Las conclusiones de este documento hacen realidad los peores presagios de los afectados: el Ministerio de Seguridad Social no recomienda ni quiere eliminar los coeficientes reductores a estas pensiones. El gasto y la estabilidad del sistema de pensiones es uno de los principales motivos sobre los que sustenta su postura.
La Seguridad Social calcula que «la eliminación de los coeficientes reductores a quienes hoy ostentan la condición de pensionista de jubilación anticipada supondría un incremento del gasto anual de 2.745 millones de euros en 2021. Y considerando la evolución de este colectivo en función de sus probabilidades de supervivencia, la medida implicaría aumentar el compromiso de gasto futuro (valor presente actuarial) en estas pensiones en 44.345 millones de euros». Precisamente, la merma de la pensión que ocasionan los coeficientes reductores atenúa este efecto, y el departamento dirigido por Escrivá prevé en el informe que una hipotética eliminación dispararía aún más el gasto ante un aluvión de prejubilaciones.
Ese posible crecimiento de las jubilaciones anticipadas está ligado con otra de las conclusiones del estudio: la aplicación de coeficientes reductores previene «la desigualdad en las condiciones de acceso que se produciría si a dos trabajadores que han cotizado lo mismo se les concediera el mismo importe de pensión, aunque uno de ellos se haya jubilado antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación».
Otro de los motivos aportados por la Seguridad Social para no eliminar los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas con largas carreras es que un 55% de las carreras de cotización en el momento de acceso a la pensión de jubilación alcanza o supera los 40 años, por lo tanto «no son una excepción».
Para el Ministerio, el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación es vital para el equilibrio y la equidad del sistema de pensiones. «Con los coeficientes reductores se garantiza el objetivo de que el acceso anticipado a la pensión no suponga un coste excesivo» que tambalee un sistema que se enfrenta al «aumento de la esperanza de vida» y la «jubilación de la macrogeneración del Baby Boom».
Estos coeficientes reductores –añade el estudio– también se aplican en los sistemas de pensiones de reparto del entorno europeo de referencia. Por lo tanto, «no son una singularidad del modelo español». Sin perjuicio de lo anterior, recalca que el ordenamiento español ya ofrece una reducción de los coeficientes cuanto mayor es el periodo de cotización acumulado.
El estudio sostiene que, además, si la pensión no sufriera merma alguna con el anticipo de la edad de jubilación, es previsible que estas cifras se vieran ampliamente superadas en años venideros, pues es lógico pensar que el número de trabajadores que se jubilarían antes de su edad ordinaria experimentaría un crecimiento considerable con el consiguiente aumento del gasto todos los años. En este sentido, ya en la actualidad el número de personas trabajadoras entre 55 y 63 años con 40 o más años cotizados asciende a más de 800.000, con la posibilidad cierta de que un número mayor de ellas alcancen ese umbral de cotización teniendo en cuenta su edad actual y que también hay que computar los periodos que por diversas circunstancias se consideran como cotizados en el momento de cálculo de la pensión.
Entre las conclusiones del informe elaborado por el Ministerio, y que ahora deberá analizar el Pacto de Toeldo, incluyen que “el coste financiero estático de eliminar los coeficientes reductores incrementaría el gasto anual en pensiones en más de 2.700 millones de euros con el consiguiente aumento de los compromisos de gasto futuro (valor presente actuarial) en 44.345 millones de euros”.
Pero, en realidad, el coste en términos de sostenibilidad para el sistema sería aún mayor y de naturaleza dinámica, pues la medida provocaría previsiblemente un crecimiento muy significativo de las jubilaciones anticipadas con las implicaciones que ello tiene para la Seguridad Social y para la estrategia de reformas que ahora se impulsan en el marco del Pacto de Toledo con el fin de garantizar las pensiones de los jubilados actuales y de las generaciones futuras comprometiendo la sostenibilidad del sistema.
En resumen, en su apartado de conclusiones, se ofrecen las siguientes razones para no despenalizar las jubilaciones anticipadas para trabajadores con largas carreras de cotización:
– La aplicación de coeficientes reductores de la pensión de aquellos que adelantan el acceso a la jubilación respecto a la edad ordinaria es una previsión común en los sistemas de pensiones de reparto del entorno europeo de referencia. Su introducción responde a una triple lógica de equidad, adecuación y sostenibilidad que se vería seriamente perjudicada si tales coeficientes se eliminaran. Los datos muestran que la aplicación de coeficientes reductores mejora la equidad del sistema y que un adelanto de la edad de acceso a la jubilación tenga algún reflejo en la cuantía de la pensión, porque va a percibirse durante un periodo más prolongado, de igual forma que un retraso en la misma conlleva una mejora en la cuantía por inversa razón.
– Además el coste financiero “estático” de eliminar los coeficientes reductores incrementaría el gasto anual en pensiones en más de 2.700 millones de euros y el aumento del gasto futuro (valor presente actuarial) en 44.345 millones de euros. El coste en términos de sostenibilidad para el sistema sería aún mayor pues la medida provocaría previsiblemente un crecimiento muy significativo de las jubilaciones anticipadas con las evidentes implicaciones que ello tiene para la Seguridad Social
