Los «viernes sociales» de Sánchez elevan el gasto en paro por primera desde 2013 

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La mejora de las prestaciones por medidas como el subsidio para mayores de 52 años y el alza del SMI acaban con una fuente de ahorro y complican el control de déficit

La fortaleza del crecimiento económico, unido a la importante creación de empleo que se produjo en España desde 2014, junto a la reducción del desempleo, hicieron posible en los últimos años mejorar sustancialmente la caja del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta evolución ha sido durante seis años el contrapunto a los números rojos que, por el contrario, ejercicio tras ejercicio ha ido sumando y aumentando la caja de las pensiones, en torno a 18.000 millones en la actualidad.

Pero este pulmón de la Seguridad Social ha dejado de funcionar este 2019 y los gastos en prestaciones por desempleo volverán a subir por primera vez en seis años, lo que viene a complicar el control del déficit del sistema. Justo el escenario contrario al que se produjo a partir de 2013, cuando la creación de empleo ayudó a reducir la factura del desempleo y España consiguió así su principal fuente de ahorro para reducir el déficit.

¿Qué está provocando el repunte de los gastos? Fundamentalmente es consecuencia del impacto económico que están teniendo los «viernes sociales», las medidas que Pedro Sánchez aprobó por decreto con la finalidad de captar votos antes de las elecciones del pasado 28 de abril, entre ellas la reducción de la edad para cobrar el subsidio de desempleo.

Ayuda hasta la jubilación

El Gobierno rebajó la edad para cobrar esta prestación hasta los 52 años desde los 55 años en los que estaba fijado y elevó también al 125% de la base mínima de cotización la cuantía por la que el Estado cotiza por los beneficiarios de este subsidio, que se extiende hasta que el trabajador alcanza la edad ordinaria que se exije en cada caso para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación.

La subida del salario mínimo en un 22,3% también ha puesto de su parte, dado que elevarlo a 900 euros al mes también ha provocado un incremento de las bases de cotización. Los trabajadores afectados por este alza ven incrementada su aportación a la Seguridad Social y, por tanto, también su protección por desempleo.

La estadística refleja que está aumentando el número de parados que cobran la prestación contributiva (por haber superado el umbral mínimo de cotización), lo que hace que tengan derecho a percibir una cuantía superior. Según los últimos datos del SEPE, de septiembre, la prestación bruta media contributiva (incluye las cotizaciones sociales) asciende a 911,5 euros, un 6,2% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que el subsidio por desempleo se quedó en 438 euros, un 2,2% más elevado que hace un año.

Aumentan los perceptores

Las prestaciones han aumentado y también los parados que perciben una renta del antiguo INEM se han situado en casi 1,8 millones, lo que supone casi un 5% más que un año antes. De ellos, 770.109 cobran una prestación contributiva, casi un 8% más, y los que perciben un subsidio son casi 800.000, más de un 10% por encima de los beneficiarios que había un año antes de estas ayudas.

La factura de prestaciones y subsidios del paro fue una de las que más creció durante la crisis económica debido al fuerte impacto que tuvo sobre el mercado de trabajo. Pasó de 17.000 millones de euros en 2007 a superar holgadamente los 34.000 millones en 2010 y se mantuvo en estas cantidades hasta 2012, año en el que el desempleo escaló hasta superar los seis millones de parados con una tasa sobre población activa del 26,02%. Los seis largos años de crisis económica se dejaron por el camino cerca de cuatro millones de puestos de trabajo.

Impacto de la desaceleración del empleo

Los montantes destinados a pagar el desempleo en aquellos ejercicios contrastan con los más de 18.500 millones que las prestaciones se llevarán este ejercicio en un escenario conservador. La cifra se alcanzará siempre y cuando se mantenga un gasto en torno a unos 1.500 millones de euros en cada uno de los cuatro meses que restan por contabilizar para cerrar el ejercicio (ver gráfico). Hasta septiembre pasado el servicio público de empleo ha pagado ya casi 14.000 millones de euros en prestaciones y subsidios por paro, más de un 7% por encima de los desembolsado en el mismo periodo de 2018.

Las cifra final de gasto, sin embargo, va a depender mucho del impacto que tenga en las cuentas la evolución del empleo en el último tramo del año, teniendo en cuenta la fuerte desaceleración por la que está atravesando el mercado de trabajo.

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