Los economistas piden que se amplíe la ‘segunda oportunidad’ para emprendedores y personas físicas

Noticia:

Abogan por mejorar los efectos del fallo que admite el perdón de deudas públicas

El Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas considera que es necesario extender los efectos de los procedimientos de segunda oportunidad de emprendedores y personas físicas para las deudas con las Administraciones Públicas.

Según Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas “por el momento, no se está notando el efecto de la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, que permite cierta ampliación del crédito público en la segunda oportunidad. Por ello, considera que este aspecto debería mejorarse aún más en la transposición de la Directiva sobre Insolvencia”.

Determina esta sentencia del Tribunal Supremo, que el crédito público debe incluirse en el plan de pagos y éste debe ser aprobado por el juez sin que la Agencia Tributaria (Aeat) tenga nada que decir al respecto.

Así, interpreta que en el plan de pagos solo se incluye el crédito público contra la masa y el privilegiado. El crédito ordinario o subordinado podrá ser exonerado por los deudores que se acogen al plan de pagos

Por último, el presidente de los economistas recuerda que en países como Alemania o Reino Unido los concursos de personas físicas superan los 100.000, por lo que sería deseable “que en nuestro país el procedimiento sea menos formal y se extienda más al crédito público”.

También, señala el Refor que preocupa también el escaso incremento de las cifras de concursos de personas físicas, ya que una gran parte proceden de la segunda oportunidad que, frente al gran crecimiento en 2017 y 2018, sólo aumentan un 3,3% en 2019.

Establecer ratios y alarmas

El Refor, en su informe de valoración sobre los datos concursales de 2019, apuesta por un mayor peso del contenido económico-empresarial como solución a las insolvencias, siguiendo la Directiva de insolvencia, para una mayor eficiencia y rapidez.

De esta forma, propone el establecimiento y extensión de ratios y alarmas de insolvencia preventivos; definición económico-empresarial de insolvencia; adelantar la necesidad de presentación de un concurso de acreedores, estimular aún más los acuerdos de refinanciación que son todavía muy escasos y su extensión a empresas de menor dimensión y favorecer la venta de unidades productivas con más flexibilidad en las cargas laborales.

El presidente del Refor, Alfred Albiol, destaca que “la gran mayoría de los concursos de empresas se concentran en Sociedades Limitadas (81%), lo que pone de manifiesto que las insolvencias de nuestro país se concentran en empresas de pequeñas dimensión”.

El Servicio de Estudios del Refor, también ha realizado una comparativa entre las cifras de concursos de acreedores de empresas en 2019 y los pagos del Fogasa de ese mismo año, constatando que la ratio ha disminuido un 12% con respecto a 2018.

A este respecto, Pich considera que “aunque la ratio entre el número de concursos y pagos del Fogasa está reduciéndose, todavía sigue existiendo una bolsa de insolvencias que no se resuelven a través de concursos, engrosando, por tanto, la economía sumergida”.

Con respecto a los acuerdos de refinanciación homologados, señala el Refor que se han incrementado un 19%. Aquí también se observa un cambio de tendencia en 2019, frente a la reducción producida en 2018, si bien su número todavía es bajo (74 frente a 62 el año pasado).

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