Hasta el 2013, los escritores españoles de una cierta edad vivían del mismo modo que sus colegas de la mayoría de países europeos (entre ellos los vecinos Francia y Portugal). Es decir, cobraban la pensión de jubilación a la que tuvieran derecho y a eso sumaban sus derechos de autor por los libros que publicaban. Pero un real decreto del 2013 les obligó a renunciar a la mitad de la pensión si el resto de ingresos superaba el salario mínimo anual. Empezaron las inspecciones, las multas y las protestas.
La aprobación del Estatuto del Artista en septiembre pasado–que habla de hacer compatible esas dos fuentes de ingresos– pero aún falta que ese marco se concrete en legislación que establezca el modo exacto en que se compatibilizarán los ingresos de la pensión y los de las ventas de los libros de los que uno es autor.
“Si cualquiera puede tener un piso, alquilarlo y sumar eso a la pensión. ¿Por qué la propiedad intelectual es menos que la inmobiliaria?”.