La calificación no se refiere, específicamente, al actual Gobierno de Sánchez, sino a quienes manejan, regulan, administran y deciden nuestras pensiones que, desde el franquismo, son las autoridades políticas, a las que, en democracia y para darle una apariencia más ecuánime -no liberal-, se han añadido otros grupos de presión, también políticos hace tiempo, aunque se trate de organizaciones privadas cuyo origen y desempeño es otro bien diferente, pero ahora desplazadas hacia la búsqueda y extracción de rentas; me refiero a las organizaciones sindicales y patronales.
El Gobierno está en clave de postureo electoral y el centro derecha teme que lo lapiden con el esperpento de “privatizar y quitaros las pensiones”, como si lo malo fuera que las pensiones contributivas estuviesen en manos de sus dueños legítimos, cada trabajador individual, y se capitalizasen para la cobertura de su futura jubilación, en lugar del ilícito, tramposo y estafador sistema piramidal de reparto que nos impone el poder.
Engañaron porque, para hacerlo sostenible, fueron cambiando todo tipo de condiciones que estaban estipuladas en y por el propio sistema de reparto: edad de jubilación; condiciones de acceso y derecho al cobro, incluido el tiempo mínimo de cotización; cuantías de la primera pensión; revalorización de las pensiones; años cotizados
Yerra la ministra de Trabajo cuando afirma que las pensiones en España no tienen un problema de gastos, sino de ingresos e inmediatamente a continuación asegura que los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social están aumentando este año, igual que aumentaron en 2017, pero el déficit del sistema sigue, ahora en unos 23.000 millones. Y con la revalorización de las pensiones a la tasa de inflación el gasto será mayor.
