Hoy, el gasto en pensiones es del 42% del Presupuesto que, sin ir más lejos, acaba de presentar el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo cual quiere decir que al Estado le queda menos de un 60% para gastarlo en colegios, carreteras, bibliotecas, investigación y desarrollo…
Si lo proyectamos a los próximos años, el gasto en pensiones será el 60% del Presupuesto. Es decir, al Estado le quedará cada vez menos dinero para invertir en tecnología o educación, porque se gastará más en pensiones. Y así hasta que las costuras financieras del Estado se rompan por alguna parte.
La gerontocracia ya ejerce su poder. En 2018, miles de ancianos protestaron en toda España para mejorar sus pensiones. Como resultado, en los presupuestos de este año se liga la subida de las pensiones al IPC, se suben además un 3% las pensiones mínimas y también las de viudedad.
¿Y qué quieren los viejos? Después de las pensiones, la mayor preocupación de la gente mayor es la salud: lo cual significará que esa masa de votantes protestará para que se asignen cada vez más recursos a los hospitales, a los medicamentos subvencionados, a las terapias, a curaciones y a residencias de ancianos. No hay que ser un sabio para imaginar que el gasto será gigantesco: más ancianos significa, más achaques.
Algunos economistas, como Gabriel Tortella, han escrito que esto es una locura: “Los jubilados y pensionistas tienen poca razón en sus reclamaciones. Durante los largos años de la crisis, las pensiones se han cobrado puntualmente mientras los trabajadores en activo veían sus sueldos reducidos o perdían su empleo. Es más, las pensiones se revalorizaban mientras los precios caían. Nadie denunció el trato privilegiado que recibíamos los pensionistas (yo soy uno de ellos), que fue posible a costa de esquilmar los fondos de la Seguridad Social”, decía.
Como no hay dinero hay que pedirlo prestado al Tesoro. La deuda pública española supera al Producto Interior Bruto: más de un billón de euros. Y tiene pinta de seguir creciendo con un gobierno que atiende a las quejas de ese grupo hegemónico del que, repito, formaremos parte todos tarde o temprano.
Pero los que se dedican a cuadrar las cuentas solo quieren que las cosas salgan matemáticamente bien. No son sociólogos ni antropólogos. Meter 270.000 inmigrantes en España cada año, quizá solucione las cuentas, pero creará otro problema: el del choque social. Los ancianos, protegidos tras sus pensiones, serán los primeros en protestar contra esa “invasión”. Ya se sabe que cuanto mayor se hace uno, es más conservador. Lo más seguro es que suceda en España lo mismo que en el resto de Europa: que la tercera edad vota a los partidos que se oponen a la inmigración.
Ahora tenemos un grupo hegemónico de ancianos acaparando los recursos del país, y exigiendo a partidos de izquierda y extrema izquierda que les aumenten las pensiones, y dentro de unos años votarán a partidos de derecha y extrema derecha para que se opongan a la inmigración. ¿Hay en la sala algún economista brillante con una buena solución?
