La construcción aprovecha una nueva ley para forzar a jubilarse a 8.500 empleados

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El nuevo convenio del sector permitirá a las empresas despedir sin indemnización a los mayores de 65 años que tengan derecho al 100% de la pensión.

Las empresas reguladas por el convenio de la construcción -que establece las condiciones laborales y salariales de 1,18 millones de trabajadores- podrán prescindir sin abonar indemnización alguna de sus trabajadores mayores de 65 años que hayan acumulado derechos suficientes como para percibir el 100% de la pensión, quieran ellos o no.

Podrán hacerlo porque el ‘megadecreto’ de medidas en materia de empleo y Seguridad Social aprobado por el Gobierno el pasado 28 de diciembre reactivó la llamada ‘jubilación forzosa’, una cláusula legal que habilita a la negociación colectiva para acordar en un sector el retiro obligatorio por edad de los trabajadores siempre qué estos tengan garantizada su prestación con todos los derechos y que se enmarque dentro de algún objetivo específico de empleo: rejuvenecimiento de plantilla, reducción de la temporalidad o cualquier otro.

El asunto se incluye en el nuevo convenio colectivo del sector de la construcción -uno de los más importantes del país- que se ha firmado este pasado viernes. La razón de esta nueva norma es para las empresas constructoras españolas la necesidad de rejuvenecer su plantilla. A día de hoy, y según datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2018, hay 8.500 empleados que han superado los 65 años y siguen trabajando en este sector. La medida pactada por los sindicatos mayoritarios y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), patronal del sector, y rubricada este mismo viernes según confirman fuentes al tanto de la negociación, permite a las empresas la resolución automática de los contratos de esos trabajadores, siempre que les corresponda el 100% de la pensión.

Fuentes del Ministerio defienden además que la aprobación de esta disposición no tendrá efectos relevantes sobre el objetivo gubernamental de retrasar la edad efectiva de jubilación para aproximarla lo más posible a la edad legal, que es de 65 años y 8 meses este año y que llegará  a los 67 años en 2017.

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