El Gobierno prevé ahorrar este año 1.900 millones de euros mediante el control de las prestaciones por desempleo, gracias a la detección del cobro fraudulento de 220.000 ayudas y a la mejora de su gestión.
La prestación contributiva se llevará cada mes 697,6 millones de euros de media para beneficiar a 751.691 desempleados; seguida por el subsidio (329,3 millones), aunque son más los perceptores que el Gobierno prevé que tenga este tipo de protección, con 813.931 personas
En abonar a 159.207 personas la renta activa de inserción (RAI) el Estado se gastará 69,1 millones de euros mensuales, mientras que otros 106.110 desempleados percibirán el subsidio de eventuales agrarios (40,9 millones).
Entre las medidas que recoge el servicio público de empleo estatal (SEPE) este año para intentar reducir el fraude en las prestaciones por desempleo, están la realización de 4,3 millones de controles sobre la renovación trimestral de las demandas de empleo.
Asimismo, llevará a cabo 2,3 millones de cruces de los datos informáticos con la Seguridad Social para detectar empleo sumergido y 1,1 millones de controles sobre los requisitos para obtener la prestación.
En total, Trabajo realizará 1,9 millones de controles y reclamaciones, lo que dará como resultado 220.000 bajas en el cobro de prestaciones.
La lucha contra el fraude se llevará a cabo verificando que los beneficiarios de las prestaciones reúnen los requisitos exigidos tanto para el acceso como durante la percepción de las mismas y que cumplen las obligaciones inherentes a su condición de beneficiarios.
