- Varias comunidades ya habían habilitado ayudas para estas aportaciones
“Procederemos a la eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012 a lo largo de la legislatura, empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”. Este es el compromiso que describe el acuerdo de Gobierno anunciado el pasado 30 de diciembre. La pregunta del millón es cuánto supondrá para las arcas públicas que el Estado (o mejor dicho, las comunidades autónomas) vuelva a asumir la aportación que los jubilados hacen desde 2012. La respuesta ronda los 600 millones de manera anual y una vez se haya aplicado a todos los pensionistas, con independencia de su renta. “Si se eliminara totalmente el copago de los pensionistas hay estimaciones sobre el importe total en unos 600 millones de euros anuales, aunque la eliminación será progresiva a lo largo de la legislatura”, explica el ex portavoz en la Comisión de Sanidad del Senado por el PSOE, José Martínez Olmos.
La cifra que ofrece el también ex secretario general del Ministerio de Sanidad coincide con los cálculos realizados en 2018 por la asociación Acceso Justo al Medicamento, quien los situó en 598,3 millones para aquel año. El ex senador socialista también advierte que a esa cantidad habría que restarle los ahorros que se producirán como consecuencia de complicaciones por abandono de la medicación. “Hay un 3% que dicen no adquirir sus medicamentos por el copago”, recuerda.
Además de las estimaciones para esta promesa del futuro Gobierno también existen algunas experiencias autonómicas que anualmente han creado un sistema de subvenciones para reducir el impacto del copago. En la Comunidad Valenciana, según cálculos de la Consejería de Sanidad, para 2020 se destinarán 67,4 millones de euros para un número aproximado de 1.250.000 personas (pensionistas con renta menor a 18.000 euros y colectivo en situación de vulnerabilidad). En País Vasco hay una línea de ayuda similar que para 2020 tiene un presupuesto de 7,4 millones. Otra experiencia similar existe en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha, donde se han destinado unos 700.000 euros para unos 100.000 jubilados o colectivos desfavorecidos.
No es la primera vez que PSOE y Podemos plantean la reversión parcial del copago sin adjuntar una memoria económica. Ya en el proyecto de presupuestos frustados para 2019 aparecía la medida y entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la competencia es de las comunidades autónomas y son ellas las que tienen que financiarlo con las transferencias. Los cálculos entonces apuntaban a unos 300 millones para sufragar solo a pensionistas con rentas inferiores a los 11.200 euros anuales.
Actualmente, el copago existente lo marca el Real Decreto-Ley 16/2012 que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy con Ana Mato como ministra de Sanidad. La norma tuvo sus luces y sus sombras ya que si bien incluyó nuevas aportaciones por los medicamentos (a los pensionistas), también dejó exentos del copago a un colectivo en riesgo de exclusión social que hasta entonces tenía que pagar un porcentaje de la receta: los parados de larga duración.
En relación a los jubilados, las aportaciones todavía en vigor señalan que para aquellos con renta superior a 100.000 euros, la aportación que deben realizar es del 60% del precio del medicamento, con un tope mensual de 61,75 euros. Por su parte, aquellos con rentas entre 18.000 euros y 100.000 tienen que abonar el 10% de la receta con un techo de 18,52 euros, mientras que los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros pagan el mismo porcentaje pero el tope mensual se reduce hasta los 8,23 euros.
Los economistas aconsejan reformar el copago según renta y no por situación laboral
Desde el año 2015, con la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP y la entrada de otros partidos al Congreso de los Diputados, el debate del copago se instauró en la Cámara Baja. Uno de los diputados que más veces llevó el debate en forma de Proposición No de Ley a la Comisión de Sanidad fue Francisco Igea (Ciudadanos). Durante varias sesiones esgrimió un informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) donde se aseguraba que el problema no estaba tanto en los jubilados como en las personas en activo que tenían una renta inferior a 18.000 euros. La diferencia de aportación entre un jubilado con una renta igual es del 30% en la aportación por retirar de la farmacia el medicamento, además de que el pensionista tiene el tope antes mencionado y la persona en activo no.
La tesis de Sespas que defendía Igea también ha sido puesta de manifiesto por la Asociación de Economistas de la Salud. En diversos informes han señalado que, en caso de llevar a cabo una reforma del actual copago, el aspecto más lesivo es el de diferenciar entre jubilados y personas en activo y no hacerlo por nivel de renta. “Para que sea equitativo y no suponga barreras no tiene sentido el diferencias por la situación laboral”, recuerdan desde la asociación.
Esta visión también la comparte el que fuera asesor de Sanidad de Unidas Podemos en la pasada legislatura, Javier Padilla. ” Es la población activa la que presenta mayores problemas en el acceso por motivos económicos”, dice.
