Los Gobiernos central y vasco se dan cita este jueves en Vitoria para actualizar el calendario de transferencias en el que también estarán las prisiones
El Gobierno cederá a una de las principales reivindicaciones del PNV: conseguir que el País Vasco gestione la Seguridad Social. El anuncio se dio ayer pero no por parte del Ejecutivo nacional ni del vasco sino de la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Idoia Mendia, justo a dos meses de las elecciones en la comunidad autónoma. «En esta ocasión, incluso en el calendario se incluirá la transferencia de la gestión económica del régimen de la Seguridad Social», desveló la dirigente política ayer, sobre la planificación para que el Ejecutivo vaya transfiriendo las 37 competencias que el PNV reclama para el País Vasco, en base al Estatuto de Guernica. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, se reunirán hoy para abordar este calendario.
Después de que en la anterior negociación sobre las competencias pendientes de transferir en 2018 el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negara a conceder la Seguridad Social, ahora tanto el PNV en el País Vasco como el PSOE en el Gobierno se necesitan mutuamente y el Ejecutivo ha sucumbido a los deseos de los nacionalistas. Sánchez necesita del apoyo del PNV para los Presupuestos Generales del Estado y para la investidura, a lo que se suma la convocatoria de elecciones en el País Vasco, donde el lendakari, Iñigo Urkullu, puede repetir la mayoría pero para gobernar necesita a los socialistas.
Con esta banda sonora, fue ayer Mendia la que se encargó de anunciar en una entrevista a Radio Euskadi la transferencia de la Seguridad Social, describiéndolo como un «hito importante». Horas antes de la reunión con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, sacó pecho de lograr arrastrar al PNV a «las tesis históricas del PSE-EE, que no son otras que la letra del Estatuto de Guernica, que dice que es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social», en referencia a que, frente al PNV, los socialistas defienden que se mantenga «la caja única» y «se cumple con la letra de la Constitución».
Una sentencia del TC del pasado mes de noviembre reconoce al País Vasco el derecho a gestionar los fondos de la Seguridad Social con casi 9.000 millones en pago de pensiones. Junto a ello, el Ejecutivo vasco tendría control sobre sanciones, inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas de los trabajadores, junto a la gestión y control de las cotizaciones, recaudación de cuotas y los procesos de ingreso.
Como recordó Mendia, las pensiones vascas las seguiría pagando «el Gobierno de España, saldrían de los Presupuestos Generales del Estado», pero sería el Ejecutivo vasco el que gestionaría estos fondos, si bien no podría subir las pensiones por su cuenta. La comunidad tiene un déficit de unos 2.200 millones en el sistema, por lo que se nutre de la solidaridad regional.
La concesión sería un paso intermedio hacia la reivindicación del PNV que es la transferencia completa, consiguiendo una Seguridad Social vasca, como dictaminó el partido en su Asamblea Nacional en 2016. Pese a esta ambición, la «caja única» está blindada constitucionalmente.
