El tribunal obliga a la Seguridad Social y al Consistorio a completar las pensiones de los empleados contratados en fraude de ley
A Cristina le quedó una pensión de 877 euros. Desempleada y mayor de 52 años, trabajó para el Ayuntamiento en distintos centros sociales a través de una fórmula creada en los 80 por la que las administraciones podían llamar a ‘filas’ a perceptores del subsidio de desempleo a cambio de completarles salario y cotizaciones hasta la última base reguladora. Un chollo. El Ayuntamiento pagaba a estos trabajadores, de los que llegó a tener más de 280, cantidades irrisorias. De media, costaban a las arcas locales menos de 2.500 euros al año. Ahora el caso de Cristina y el de otros 80 en su situación puede acabar costando mucho más: entre 8 y 12 millones de euros. La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado el recurso municipal y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y obligado a ambos a completar las pensiones y cotizaciones de estos empleados que fueron contratados en «fraude de ley». La pensión de Cristina, tras el fallo, ha pasado ahora a los 1.137 euros, un 29,6% más de cuyas cotizaciones debe hacerse responsable el Ayuntamiento, aunque sea el INSS el que las adelante.
Las cifras bailan y son difíciles de precisar. Cada trabajador de colaboración social tenían un régimen distinto y no ligado a sus funciones. Cristina, por ejemplo, desempeñaba funciones de ordenanza y así se lo reconoció por sentencia la justicia en 2017 con una antigüedad desde 2008, pero en su situación y con fallos análogos reconociendo el fraude de ley y convirtiéndolos en interinos hay y había otros 80 trabajadores en servicios como Licencias, Deportes, Cultura o en El Asturcón. Cada uno cobraba del Ayuntamiento una cantidad distinta y reclama ahora cantidades diferentes, Otro de los trabajadores, por ejemplo, reclamaba el abono de 157.130 euros por la diferencia de cotizaciones. Si los setenta y ocho demandan cosas parecidas, salen más de doce millones de euros, pero la cifra puede ser menor y situarse entorno a los ocho millones.
El problema, es cierto, viene de lejos. El Ayuntamiento llegó a sumar, en 2008, casi 280 trabajadores de colaboración social. La cifra se fue reduciendo en los últimos gobiernos del PP. En especial, a partir de que el Supremo señalase la ilegalidad de usar esta fórmula para cubrir puestos estructurales en 2013. Se optó por no cubrir las jubilaciones o licitar un contrato de servicio para dotarse de ordenanzas. Aún así, cuando Wenceslao López tomó posesión como alcalde había 136 trabajadores en esta situación y, encima de la mesa ya, las primeras demandas impulsadas desde el sindicato CSI para reclamar su consideración como personal laboral indefinido no fijo.
Las primeras sentencias, favorables a los trabajadores, aceleraron el proceso y animaron a muchos más. Para 2017, la mayoría habían sido reconocidos como interinos, equiparando su salario al del resto de trabajadores de la casa y obligando al Ayuntamiento a abonar las cotizaciones de los cinco años anteriores, lo no prescritos. Casi cuatro millones de euros de agujero, entonces, y recuerda el TSJA ahora que «durante cuatro años» y dos gobiernos municipales distintos, el Ayuntamiento «soslayó» la sentencia del Supremo, «en una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social». Lo hizo con un informe de la entonces directora general de Asesoría Jurídica, Patricia Ibaseta, que sostenía que se había producido «una suerte de ilegalidad «sobrevenida», al modificarse la doctrina del Supremo y concluía «que el interés público prima», sobre «la ilegalidad en que se pueda incurrir». El argumento de que el interés del Ayuntamiento «prima» sobre la legalidad -no puede sorprender- no triunfó en los tribunales.
Más teniendo en cuenta que, como señalaba el TSJA, el Consistorio tampoco ha hecho los deberes: «No acredita tampoco por otro lado que haya iniciado realmente procedimiento alguno tendente a la provisión» de las plazas, tal y como proponía Ibaseta en su informe. 78 trabajadores reclamaron casi en bloque y se fueron incorporando a la plantilla tras el fallo del TSJA de 2017. A todos les correspondía el abono de las diferencias salariales de un año entre lo que cobraban y lo que percibe un trabajador de plantilla con las mismas funciones, más los intereses legales. También, a ponerse al día con la Seguridad Social y satisfacer las cuotas correspondientes a los últimos años. El Ayuntamiento pagó diligente las debidas desde 2013, desde el cambio de doctrina del Supremo.
Toda la vida laboral
Pero los trabajadores no se quedaron ahí, presentaron una serie de nuevas demandas en las que sostenían que sus pensiones se habían visto seriamente perjudicadas porque el Ayuntamiento apenas cotizaba por ellos -en algunos casos, apenas 38 euros al año- por unos trabajos declarados por sentencia «estructurales».
El asunto era complejo y Abogacía Consistorial ordenó contratar a Domingo Villaamil Gómez de la Torre, uno de los mayores expertos de la región en la materia, la defensa de los intereses municipales en los «tres primeros litigios que se plateen ante cada uno de los juzgados de lo Social de Oviedo y el ulterior recurso de súplica en caso de ser desfavorables». Los resultados fueron desiguales, se ganaron algunos en instancia, que luego se perdieron en los recursos de súplica. Finalmente la sala de lo Social del TSJA ha cerrado la puerta y tocará pagar. Solo hay una esperanza. El INSS ha acudido en casación al Tribunal Supremo.
Fuente: El Comercio
