La discrepancia sobre el periodo de cómputo de estas prestaciones aleja a los agentes sociales
La última gran reforma de la legislatura centrada en las pensiones está chocando con los agentes sociales y los socios de Gobierno. Lo complejo de la reforma es que el Ministerio que dirige José Luis Escrivá tiene medidas menos apetecibles que ofrecer: la revalorización, principal medida que beneficia a los jubilados, ya se firmó a finales de 2021. Y ahora tan solo quedan las medidas más lesivas para el empresario y el trabajador, mientras las que benefician a las carreras laborales más inestables quedan prácticamente neutrales. El aumento de los años observados para calcular la pensión tiene un amplio rechazo, mientras la subida de las cotizaciones a los salarios altos desmarca a la CEOE y, a su vez, es considerada insuficiente para paliar el déficit del sistema.
Así, la falta de apoyos condena a que la última parte sea prácticamente de mínimos y deje el gran escollo de la sostenibilidad aún pendiente de solución. En el diálogo social, tanto la patronal CEOE y Cepyme, como los sindicatos UGT y CCOO confirman que la negociación está paralizada y dejan entrever que las conversaciones están centradas en el terreno político, más que en la negociación previa del diálogo social. Desde el Ministerio, a su vez, aseguran que las principales medidas cuentan con consenso en el diálogo social y faltan los flecos secundarios.
Aunque el tema de las pensiones esté fuera de plazo hay margen para evitar retrasos o una penalización. Pero si ya era complicado el acuerdo antes, ahora lo es más al coincidir con un año electoral.
Quedan pendientes dos cambios:
- Aumento de años para calcular la pensión. Ahora son los últimos 25 años de trabajo, pero el Gobierno ha propuesto que sean 30 años para “adecuarse a la realidad de las nuevas carreras profesionales”. Insisten en que no se traducirá en menores pensiones, pero ni sindicatos ni patronal se fían mucho de esas estimaciones.
- Subida de las bases máximas de cotización. Cobrar a partir de 50.000 euros anuales no implica pagar más cotizaciones sociales. Ese límite se quiere ir moviendo hacia arriba y acompasar también la cantidad de pensión máxima que se puede cobrar.
El primer punto no cuenta con el apoyo de sindicatos ni del socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos. El segundo se encuentra con el rechazo de los empresarios –que pagan la mayor parte de las cotizaciones sociales–. “El ministro de Inclusión y Seguridad Social trabaja intensamente con los grupos políticos y los agentes sociales“, sostenía Calviño. Esta vez el Gobierno está negociando con todas las partes a la vez y eso complica los ajustes, dicen. La reforma laboral fue la constatación de que cerrar un pacto con sindicatos y patronal no era garantía de validación en el Parlamento: los cambios se aprobaron por un voto de diferencia y porque se equivocó un diputado del PP. Ahora se trata de dejarlo todo amarrado para evitar sorpresas de última hora.
El trato político se está centrando en el bloque tradicional de apoyo, principalmente Unidas Podemos, con el escollo de la ampliación de los años observados para calcular la pensión -es decir, la ampliación del periodo de cómputo- hasta 30 años, descartando los dos peores ejercicios. Una medida que rechaza todo el diálogo social y que, en línea, también rechaza la formación morada. Y un gran pacto con el PP queda totalmente descartado, al confirmar desde Génova que no hay contacto con el Gobierno.
Bruselas quiere ver la foto completa
El componente 30 del Plan de Recuperación de España –los compromisos de reformas e inversiones a cambio de los fondos europeos– se centra en uno de los puntos sobre los que la Comisión Europea lleva años alertando: la sostenibilidad de las pensiones en nuestro país. Europa no se pronunciará sobre la reforma de las pensiones hasta que no vea la foto completa de todo lo que ha aprobado el Gobierno al respecto y se cerciore de que se cumple ese objetivo.
“La Comisión evaluará el cumplimiento satisfactorio de los hitos relacionados con el Componente 30, incluida la sostenibilidad fiscal a largo plazo de las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022, una vez presentada la cuarta solicitud de pago”, respondía el comisario Gentiloni a una eurodiputada de Ciudadanos el pasado mes de noviembre, informa Idafe Martín desde Bruselas.
El Gobierno tiene pues un doble reto:
- Conseguir sacar adelante los dos últimos cambios para poder solicitar el cuarto pago de los fondos. Y esto ya hemos visto que no será fácil.
- Convencer a Bruselas de que todo lo que se ha hecho garantiza la sostenibilidad de las pensiones. La Comisión hace meses que plantea sus dudas.
Esta pasada semana, CCOO admitió temer que el Ministerio recurra a la vía política para cerrar la reforma y, especialmente, explican que no van a acordar una reforma que no tenga el apoyo político, temiendo que una vez en manos de los grupos haya cambios sustanciales. La mesa está parada, como explicó ayer el presidente de CEOE, Antonio Garamendi: “Estamos exactamente igual que antes de Navidad. No tengo conocimiento en este momento de ninguna propuesta”.
Sin ajustar las cuentas
Más años de carrera laboral observados implicarían, por regla general, una pensión pública más baja. En un documento que facilitó el Gobierno a los agentes sociales en diciembre, los técnicos de Escrivá calculaban que la mejora de la base reguladora al pasar a los 28 mejores años y al sumar la mejora de la brecha de género del 60% resultaría en una mejora del 0,68% (del 0,74% para las mujeres, y del 0,63% para los hombres). Otros estudios de actuarios, como el de Willis Towers Watson pronosticaba “una disminución de la pensión media de apenas el 0,04%” y un impacto financiero prácticamente nulo que sería insignificante para las finanzas de un sistema con déficit cercano a 100.000 millones.
Entre los argumentos del diálogo social están las propias recomendaciones de Pacto de Toledo, que no recoge de forma expresa una ampliación de este periodo a observar para el cálculo de la pensión. Toda esta problemática asumiendo que la reforma, pese a contar con cierto margen, ya ha cumplido con el plazo y llegará tarde a Bruselas.
En cuanto a las cotizaciones, la ampliación de las bases máximas amplía la brecha de la contributividad del sistema al separar aún más la distancia frente a las pensiones máximas, llegando a ser esta diferencia de casi el 64% a mitad de siglo, según un estudio del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social.
A su vez, Fedea o el propio IVIE han concluido en recientes informes que el destope planteado lima la contributividad sin llegar a cerrar el agujero financiero que provocará el gasto estructural en pensiones -agravado por la revalorización automática- en las próximas décadas. Los propios cálculos del Gobierno lo asumen: mejorará un 0,27% neto anual como máximo ya en mitad de siglo.
Mientras, el citado último informe de los investigadores de diversas universidades españolas es contundente: el destope “no va a mejorar significativamente la sostenibilidad del sistema financiera del sistema de pensiones, que parece que era uno de los objetivos de la reforma actual”.
La subida de la base máxima supondrá en 2050 un incremento de ingresos de 0,2 puntos de PIB, mientras que la subida de la pensión máxima representará un incremento del gasto en ese mismo año de 0,025 puntos de PIB, calculan en el IVIE. “El resultado neto supondrá, como máximo, un saldo favorable de 0,174 puntos de PIB en 2050, cantidad muy alejada del déficit que se estima, como consecuencia de la revalorización con el IPC, en torno a 2,5 puntos de PIB en ese mismo año”, sentencia, echando por tierra que la reforma que plantea el Ministerio sea suficiente.
Fuente: El Economista
