Si bien Andalucía o Extremadura han sido, históricamente, los grandes referentes del PER, lo cierto es que el polémico Programa de Empleo Rural, implantado en 1986, no sólo afecta a las regiones del sur. Otras comunidades han copiado el modelo. En 1996, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón también empezaron a implantar el polémico subsidio. Y en otras regiones del norte, las rentas mínimas han empezado, igualmente, a mostrar sus perniciosos efectos, hasta el punto de que el sindicato de Unión de Trabajadores y Ganaderos de Navarra (UAGN) denuncia que el cobro de la Renta Garantizada “es un freno brutal a la hora de encontrar trabajadores“.
En la actualidad, apena se precisan 20 peonadas para que los jornaleros puedan solicitar el subsidio agrario, una ayuda que procede del Estado y gestionan las autonomías. Es decir, tan sólo se necesitan 20 días de trabajo al año para cobrar 426 euros durante seis meses como trabajador eventual. “En el momento en el que un parado se va a trabajar al cultivo, deja de recibir la AEPSA (antiguo PER). Por ello, prefieren cobrar el subsidio agrario y no perder la ayuda en lugar de venir a trabajar. Es un sistema perverso e imposible de desactivar, creado para cuando no había trabajo, pero ahora cuando que hay muchísima faena no quieren venir“.
A pesar de que Castilla y León, por ejemplo, está teniendo que recurrir a trabajadores traídos de Bulgaria, Senegal o Marruecos, las Administraciones no parecen estar preocupadas por la problemática rural. Desde la Unión Extremeña apuntan la razón: “El subsidio agrario es un granero de votos para los políticos. Hemos intentado reunirnos con la Consejería de Empleo de Extremadura y hemos recibido la callada por respuesta. No quieren perder votantes. Los tienen cautivos y comprados con los subsidios“.
