Coincidiendo en el mismo día la propagandista presentación de los Presupuestos Generales del Estado, horas antes de la reunión del Consejo de Ministros que los aprobó para enviarlos al Parlamento el próximo 11 de Noviembre, y la, también propagandista, firma en el Congreso del Informe sobre las recomendaciones sobre el sistema de pensiones por parte de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Pactos de Toledo, parece que ambos “tochos de papel” no están demasiado coordinados.
Sabido es que el Gobierno negociará con patronal y sindicatos la reforma de la Seguridad Social con las recomendaciones del Pacto de Toledo como guía y, en consecuencia, estas negociaciones retrasarán la mayoría de los cambios a dentro de unos meses.
Por lo tanto, en los PGE solo se recogen la anunciada subida del 0,9% de las pensiones para 2021 (y el 1,8% para las no contributivas) y también se recoge una parte importante del traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social que ahora se financian con cotizaciones y que pasarán a costearse con impuestos generales. Según el plan presupuestario esta cantidad que se liberará a la Seguridad Social y que en su totalidad asciende a unos 23.000 millones de euros, supondrá en 2021 unos 14.000 millones (incluyendo el Ingreso Mínimo Vital).
Pero los PGE dejarán fuera todos los incentivos a la prolongación de la vida laboral, la reordenación de los coeficientes penalizadores de la jubilación anticipada o los cambios en el cálculo de las pensiones, lo que requerirá una evaluación “en el menor tiempo posible“, por parte del Gobierno de la elección de los 25 mejores años de cotización (y no necesariamente los 25 años previos a la jubilación como hasta ahora) para el cálculo de la cuantía de las pensiones de jubilación.
El Pacto de Toledo advierte que dicha evaluación debe tener en cuenta el impacto de esta ampliación “en función del tipo de carrera profesional del trabajador, a menudo marcada por periodos de desempleo y de precariedad” y concretan que, en particular, esta solución puede resultar interesante en supuestos como el de personas que, a partir de una determinada edad y durante un largo periodo de tiempo, hayan experimentado una reducción significativa de las bases de cotización.
Asimismo, queda fuera de los presupuestos y también requiere una evaluación, según las recomendaciones del Pacto de Toledo, analizar la ampliación del periodo cotizado necesario para alcanzar el 100 por 100 de la base reguladora, prevista en la Ley, algo que también se acordó en la reforma de pensiones de 2011.
Se reducirá las desgravaciones de los planes de pensiones individuales privados se recortará hasta 2.000 euros la aportación máxima de los planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF, desde los 8.000 euros actuales, mientras que en el caso de los planes de empresa se eleva la aportación máxima de 8.000 a 10.000 euros. A este respecto recordar que el tratamiento fiscal en España de los planes de pensiones no es una deducción pura, sino un diferimiento fiscal: se deducen las aportaciones, pero tributan las prestaciones.
Se ha incluido en el proyecto de PGE “la creación desde la Administración de unfondo de pensiones de empleo público de carácter abierto”; que podría ser de gestión privada (modelo NEST británico). En España, el único sistema parecido que existe es el de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), que funcionan con éxito en el País Vasco desde hace años. En las EPSV, los planes de empresa están vinculados a los convenios colectivos sectoriales, gozan de ventajas fiscales y el trabajador aporta el 1% y la empresa otro 1% al plan de pensiones.
