El Pacto de Toledo analiza derivar 23.700 millones de pensiones a los Presupuestos Generales del Estado

Una de las partidas más polémicas es la de reducciones de la cotización que determinados colectivos -autónomos, trabajadores mayores de edad, etc.- tienen atribuidos por ley y que permite a las empresas que los contratan rebajar su aportación a la Seguridad Social. Este año la partida suma 1.265 millones. El conjunto de la Comisión del Pacto de Toledo entiende que se trata de una decisión política que debe ser costeada con los fondos que el Ministerio de Trabajo dedica a las políticas activas de empleo, y no ser subvencionado con las cotizaciones de empresas y trabajadores.
Otra partida es el coste de gestión de la Seguridad Social, 3.020 millones este año, de los que 1.834 millones preceden de las Mutuas colaboradoras. En la Comisión también se da por supuesto que las cotizaciones han de dedicarse a pagar las pensiones y no a abonar el salario de los funcionarios.
Pero el mayor volumen procede del déficit entre la aportación y la prestación de los regímenes especiales de los trabajadores del sector agrario, del carbón y del mar, que suman alrededor de 9.000 millones al año.

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