DESDE hace muchos años, los expertos venimos señalando que el actual sistema de pensiones no es sostenible. El déficit de la Seguridad Social supera ya con creces los 15.000 millones de euros y, dado que los gastos superan y seguirán superando cada vez más a los ingresos cada año, el déficit del sistema seguirá creciendo, y generando gran preocupación.
Y lo hace, aunque los correspondientes gobiernos publiquen reformas en orden a equilibrar la balanza de ingresos y gastos que no van más allá de simples parches más o menos acertados. Es cierto que retrasan o aminoran en cierta medida el aumento progresivo del déficit, pero su influencia es poco significativa.
Llegados a este punto, es necesario desmontar el mito de la sostenibilidad de las pensiones públicas.
Remontándonos al origen de las pensiones, a mediados de los años 80, la Ley 26/1985 intentó introducir algunas medidas de emergencia dadas las dificultades económicas y tasas de desempleo elevadas. Así, se pasó de quince años de carencia para causar derecho a pensión de jubilación y, por otro lado, para el cómputo de la Base Reguladora, el periodo a tener en cuenta se amplió de dos a ocho años. Por esas fechas, según nuestros cálculos, la esperanza de vida a los 65 años era de 15,27 años en el caso de las mujeres y de 18,76 años en el de los hombres.
La Ley 24/1997, ya en escena el Pacto de Toledo, planteó una serie de medidas como fueron: ampliar el periodo de cómputo de la Base Reguladora, pasando de ocho a quince años y, por otro lado, el número de años cotizados para el derecho al 100% de la pensión se incrementó a 35 años. Por esas fechas, la esperanza de vida a los 65 años era de 16,49 años para las mujeres y 20,07 años para los hombres.
La ley 27/2011 introduce varias reformas de tipo paramétrico, siendo una de ellas la del retraso en la edad legal de jubilación pasando de 65 a 67 años, durante el periodo de calendario de 2013 a 2027. En el momento de la promulgación de esta ley, la esperanza de vida era de 18,73 años para las mujeres y 22,17 años para los hombres. Para el año 2040, nuestras estimaciones proporcionan para las mujeres una esperanza de vida de 25,60 años y para los hombres de 21,84 años.
Como es fácil de entender, el periodo de años de cotización no aumentará, entre otras razones de peso porque el horizonte temporal en edad de trabajar no tiene margen de maniobra. Sin embargo, el número de años de cobro de pensión seguirá aumentando y lo hará sin límite. Este es un primer punto para la no sostenibilidad.
Como comentamos, la reforma del año 2011 se centró en lo que se conoce como medidas de tipo paramétrico. Esto es, se presentaron medidas: para retrasar la edad de jubilación, de 65 a 67 años;para retrasar la edad efectiva de jubilación anticipada y, para ampliar el número de años de cómputo para el cálculo de la Base reguladora, a partir de la cual se calcula la pensión.
A la vista de los débiles resultados obtenidos por dicha reforma, se publicó la reforma de 2013. En este caso, las reformas se centraron en el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y en el factor de sostenibilidad. El IRP refleja la revalorización de la pensión de un año a otro. Para su cálculo, se publicó una extraña fórmula que incluye una serie de factores incorporando datos de pensiones, número de pensionistas, etc. Pero lo curioso es que incorpora datos históricos, pero también datos futuros, que se desconocen y que, por lo tanto, es necesario estimar. Y lo llamativo es que para estimarlos se requiere de cierta habilidad algorítmica que, a nuestro juicio, sobraba.
Por otro lado, en base a algunos estudios de estos temas, la fórmula proporcionaba valores negativos, con lo que si se hubiera aplicado supondría una reducción en la cuantía de la pensión. Ciertamente difícil de comprender. Previendo esta posibilidad, la normativa estableció una revalorización positiva mínima del 0,25%. Finalmente, el gobierno dio marcha atrás dejando sin efecto este índice.
En cuanto al factor de sostenibilidad, pretendía alcanzar la sostenibilidad del sistema ligando el cálculo y el resultado de la pensión inicial de los nuevos pensionistas de jubilación a la esperanza matemática de vida de los que alcanzaban la jubilación, generación tras generación. El objetivo era que, con el transcurso de los años de calendario, al ser la esperanza de vida mayor, la pensión inicial de los nuevos que alcanzan la jubilación fuese menor. Resumiendo, con ambas medidas se pretendía que para el cómputo de la pensión se tuviera en cuenta todo el horizonte temporal de servicio del trabajador y que la pensión inicial fuera cada vez menor.
A nuestro juicio, dichos resultados se podrían obtener mediante el diseño de un sistema alternativo, como en Alemania, Suecia, etc. Dichos países, tomaron las medidas adecuadas hace veinte años, cuando ya se preveían todos estos problemas que acuciaban al sistema de pensiones de la Seguridad Social. Es más, estos países presentan un ratio de sustitución (relación pensión inicial versus salario final) que ronda el 50%, mientras que en nuestro país, este ratio ronda el 80%. Este es un segundo punto para la no sostenibilidad.
Finalmente, y como tercer punto para la no sostenibilidad del sistema, quisiéramos señalar que, nuestras estimaciones del impacto de la evolución demográfica a partir del nacimiento de la persona, pasando por el impacto en el colectivo en edad de trabajar y el impacto en la edad de jubilados supera a la compensación por incorporación de nuevos trabajadores. Por consiguiente, los ingresos procedentes de las cotizaciones no se prevé que crezcan significativamente;mientras el incremento de los gastos presenta una brecha cada vez mayor y con mayor intensidad.