La recuperación de este subsidio es una de las principales exigencias de los sindicatos mayoritarios dentro su paquete de elementos más perjudiciales de la política laboral del Gobierno de Rajoy, aunque no se aprobara expresamente en la reforma de febrero de 2012. Además, UGT y CCOO reclaman al Ejecutivo socialista que apruebe ya la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empleo, la recuperación de la ultraactividad de los convenios (su prórroga indefinida cuando no se ha acordado uno nuevo) y la garantía de las condiciones laborales de los trabajadores de empresas subcontratadas.
UGT destacaba en un reciente comunicado la necesidad de aprobar ya esta ayuda «ya que afecta a uno de los grupos sociales más golpeados por la crisis, con mayor riesgo de hundimiento de sus condiciones de vida«, por sus dificultades de reincoporarse al mercado laboral dada su elevada edad. Según un estudio del sindicato, el 70% de los parados que llevan más de cuatro años buscando empleo son mayores de 50 años.
En el mismo sentido se ha pronunciado Comisiones Obreras, que recuerda que esta ayuda es «prácticamente la única prestación social con la que cuentan los trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo en la última etapa de su vida laboral«.
El Gobierno de Sánchez tumba en sus Presupuestos (o al menos «propuesta» de Presupuestos) las restricciones al subsidio que impuso el PP, aunque lo hace más tarde de lo prometido. El Ministerio de Trabajo anunció que se recuperaría en septiembre, una fecha que se sobrepasó sin que los desempleados de avanzada edad vieran cumplirse la promesa. Finalmente, el Ejecutivo ha incluido la medida dentro de los gastos previstos para sus cuentas para 2019, que aún no han logrado los apoyos necesarios para salir adelante.
Debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez los sindicatos han exigido al Ejecutivo que apruebe varias medidas «urgentes», entre las que se encuentra este subsidio, por decreto. Así lo defendía esta semana el secretario general del UGT, Pepe Álvarez, a propósito de las modificaciones de elementos clave de la reforma laboral. «Creo sinceramente que la vía es esta, porque la vía de reforma legislativa se duerme en la mesa del Congreso de los Diputados», apuntó.
En el ‘macrodecreto‘ con medidas laborales y de pensiones de final de año el Gobierno prorrogó la vigencia del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED), que caducaba este enero, pero se trata de una medida temporal hasta que logre un consenso con los agentes sociales y el resto de Comunidades Autónomas sobre estas ayudas para desempleados que no tienen acceso a la prestación contributiva. El Ejecutivo se ha comprometido a presentar una propuesta «en los primeros cuatro meses de 2019»,
