El nuevo Decreto-ley que prepara el Gobierno para desarrollar la ley de Cambio Climático dedica un capítulo entero a lo que ha bautizado como “Transición justa de la minería del carbón“. A través de cinco páginas y cuatro artículos, más varias disposiciones, configura un plan de cierre masivo de la minería del carbón en España con un ambicioso y suculento programa de ayudas económicas para alentar prejubilaciones.
Para acogerse a las ayudas, los mineros deben ser trabajadores “con contrato indefinido en la empresa solicitante a 30 de junio de 2018” y tener, “al menos, cuarenta y ocho años de edad”, o determinados años de antigüedad en la empresa en la que causen baja, contados a la fecha de la solicitud de las ayudas.
La prejubilación deberá “garantizar el reconocimiento del setenta y dos por ciento de la media mensual de la retribución salarial ordinaria bruta”.
Las ayudas de la Administración consistirán en “una cantidad fija de 10.000 euros y, otra variable, calculada individualmente para cada trabajador correspondiente a 35 días de salario por año trabajado, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con un límite de 30 mensualidades”. Las ayudas se cargarán a los Presupuestos de cada año.
