El Gobierno quiere exprimir la recta final de la legislatura para poner en marcha algunas de sus propuestas más electoralistas. Una de las últimas será la convocatoria de la oferta pública de empleo (OPE) de 2019 para la Administración General del Estado. Función Pública no tiene la cifra cerrada, pero confirma que sacará un mínimo de 31.000 plazas a concurso público, similar a la de 2018, que fue la mayor oferta desde 2008. El grueso de las plazas estará destinado a la reposición de personal y la promoción interna, aunque también habrá una parte de estabilización de empleo. Lo que no habrá, o será marginal, es la incorporación de nuevos trabajadores, esto es, incremento neto de la plantilla y, por tanto, apenas tendrá coste presupuestario.
Pero, además de la convocatoria de este ejercicio, el Gobierno estudia un plan plurianual para la renovación de las plantillas públicas que pueda proponer a los sindicatos. En torno a un millón de funcionarios y trabajadores públicos se jubilarán en los próximos 10 años, lo que obliga a las diferentes administraciones públicas a llevar a cabo el gran ‘relevo generacional’ de su plantilla.
Función Pública confirma que el ministerio está elaborando un estudio de las necesidades de personal público para los próximos años. Así, aunque la legislatura se esté agotando, se pueden sentar las bases de un plan a varios años para rejuvenecer el cuerpo de trabajadores del Estado. Con este plan, se podría anticipar la oleada de jubilaciones que son ya inminentes y así lograr que no se queden puestos vacantes cuando ocurra.
Según los cálculos preliminares, a partir de este año y durante un periodo amplio (que puede ser de una década), será necesario convocar al menos 30.000 plazas cada año para cubrir las necesidades de empleo. Conviene recordar que esto es solo Administración General del Estado: además, las comunidades autónomas y las corporaciones locales tendrán que diseñar sus planes para reponer sus plantillas.
La intención del Ejecutivo es llevar la oferta pública de empleo al Consejo de Ministros del viernes 29 de marzo. Antes quiere alcanzar un acuerdo con los tres principales sindicatos de la función pública: CCOO, UGT y CSIF. Para lograrlo, ha planteado un intenso calendario de reuniones que comienzan en la tarde del miércoles y que se prolongarán durante el jueves.
