Actualizar las pensiones con el IPC este año y el que viene supondrá para la Seguridad Social una factura equivalente a abonar una mensualidad extra a los pensionistas. Partiendo de los datos remitidos por el Gobierno a Bruselas dentro del Plan Presupuestario presentado el pasado 15 de octubre, el Banco de España ha estimado en 7.800 millones de euros el gasto extra al que deberá hacer frente la Seguridad Social para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones durante estos dos ejercicios.
La factura se desagrega en 2.500 millones de euros en 2018 y más del doble, 5.300 millones de euros, el próximo año, lo que obligará a la Seguridad Social a exprimir sus fuentes de ingresos para evitar que ello se traduzca en un desequilibrio aún mayor al esperado para este año, cuando ya rondará los 20.000 millones de euros.
El Banco de España también valora qué ocurriría en ausencia de esa medida. Los analistas del Servicio de Estudios del Banco de España calculan que de mantenerse el estado de situación anterior al retoque para utilizar el IPC como referencia para actualizar las pensiones, vamos, de mantenerse sin cambios el esquema aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, las pensiones subirían el mínimo del 0,25% durante los próximos 30 años provocando un descenso del poder adquisitivo de las pensiones cercano al 40%.
El asunto es que implantar el IPC como referencia del sistema también tiene consecuencias. La más relevante un incremento muy potente del gasto en pensiones, que, advierte la institución, obligará al Gobierno a adoptar medidas de generación de nuevos ingresos y de reducción del gasto si no quiere llevarse por delante la sostenibilidad del sistema.
