La media de fallecidos diarios en lista de espera en lo que va de año aumenta respecto a la de 2019
En España han muerto en lo que va de año cerca de 16.000 personas que estaban en la lista de espera de la dependencia. Tenían el derecho reconocido, pero no recibían ninguna prestación o servicio. Son 106 fallecimientos cada día. La cifra es una estimación de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en base a datos oficiales. El año pasado esta misma organización calculó que hubo de media 85 muertes diarias. “La ley de dependencia es una cuestión de supervivencia. El sistema peligra”, alertó este viernes en el Congreso José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. Ahora mismo hay cerca de 254.000 personas en lista de espera. Otras 150.000 aguardan a ser valoradas para saber si se les reconoce algún grado de dependencia.
En medio de su intervención en el grupo de trabajo de políticas sociales y el sistema de cuidados de la comisión para la reconstrucción social y económica del Congreso, Ramírez guardó un minuto de silencio por quienes mueren sin ser atendidos. Algo que los expertos llevan años denunciando y las familias sufriendo, pero que se ha visto agravado durante este estado de alarma. “Mueren sin tener apoyo ni asistencia”, dijo. Las cifras constatan que la situación de la dependencia es alarmante. En abril se registró el mayor descenso en el número de atendidos desde julio de 2014. Cayeron los beneficiarios, las solicitudes y las resoluciones. El sistema, ya debilitado tras el recorte de más de 5.800 millones de euros desde 2012, sufrió un parón a consecuencia de la pandemia.
La historia se repite, aunque cambiando nombres, caras, dramas. Miles de personas esperan un tiempo que no tienen, resisten a base del sobresfuerzo de las familias. Quienes tienen posibilidades económicas se saben afortunados. Pero la Administración llega muchas veces tarde. Ocurrió así para Ángeles Ferre, que se rompió la cadera a los 97 años. Hasta ese momento había vivido con sus hijos, turnándose de una casa a otra. Con achaques, pero iba tirando. Pero llegó la caída que lo cambió todo. A principios de 2015 iniciaron los trámites de la ley de dependencia. En mitad del proceso la situación se volvió insostenible, cuenta su nieto, Ismael Ribera, trabajador social en una residencia. Así que decidieron ingresarla allí, haciendo frente a los 1.500 euros que cuesta la plaza. Un año después llegó la resolución: grado tres de dependencia, el más grave.
Pero Ferre murió esperando. “Decidimos que fuera a la residencia para que estuviera atendida como correspondía. Pudimos ser su apoyo económico, pero por muy buenos ahorros que tengas, a los dos años te los comes”, explica al teléfono su nieto, que vive en Alicante. “Es mucha la frustración por que no llegaran los recursos”, cuenta Ribera. Tres años antes su abuela paterna había pasado por lo mismo. Se le reconoció una gran dependencia. Tampoco recibió nunca un servicio o prestación. Así que fueron a los tribunales, algo que repitieron tras el fallecimiento de Ferre. “Por suerte o por desgracia, conocíamos el proceso judicial. Pero no todo el mundo es consciente de sus derechos, ni tiene dinero para meterse en un juicio”, recalca. Ahora la justicia les ha dado la razón por la demora en el caso de Ferre. Están pendientes del pago de “unos 9.000 euros”, explica él.
La abogada Sandra Casas, experta en el sistema de la dependencia, ha llevado cientos de casos y corrobora que no todo el mundo puede permitirse recurrir a un proceso “que conlleva un coste económico y emocional”, si bien en muchas ocasiones es “el único camino para conseguir un recurso”. Reclama que las personas en situación de dependencia puedan recibir servicios. La prestación por cuidados familiares se contemplaba en la ley como excepcional, pero se otorga en el 30% de los casos. “Cargar a la familia con el cuidado de un gran dependiente por 300 euros al mes es indignante”, critica Casas.
Ramírez clama por una inyección que dé aire a la dependencia. Actualmente, las comunidades autónomas, competentes en la materia, cargan con la mayoría del peso de la financiación. “En 2017 se acordó en la conferencia de presidentes que hacían falta 1.500 millones de euros para que la Administración General del Estado aporte el 50% de lo que cuesta la ley”, explica. “Se daría atención a la lista de espera y se crearían 80.000 puestos de trabajo”, detalla. La Asociación de Directoras y Gerentes ya alertaba el año pasado de que el sistema no era capaz de absorber la demanda y que eran urgentes unos presupuestos. “Ahora no podemos esperar a las nuevas cuentas. Es necesario aumentar la financiación ya”, reclama. Así lo dijo también en el Congreso.
Concuerda Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de la Dependencia. “La pandemia ha agravado aún más la situación, hemos estado abandonados durante muchos años. No era una prioridad para los Gobiernos anteriores, esperemos que la situación cambie. Hace falta dinero y hace falta personal”, se queja. “Hay que darle una vuelta al sistema, es preciso que haya rapidez, eficacia. En este tiempo se han suspendido las valoraciones y se han vivido situaciones dramáticas en las casas de quienes no recibían atención”, dice. “Los familiares ven cómo sus expedientes se han quedado en un limbo y no saben cómo ni cuándo van a salir de él”.
