Recientemente, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, destapaba durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados que sí hay reflejo contable del impulso del 3% a las pensiones mínimas que suscribió el PP con Ciudadanos, pero no del 1,35% extra para alcanzar la inflación prevista del 1,6% –desde el 0,25% que contemplaba el anterior factor de sostenibilidad– ni tampoco del incremento adicional de la base reguladora de las pensiones de viudedad hasta el 60%.
Ante la sorpresa de los presentes, el responsable de dar explicaciones y aportar garantías sobre la sostenibilidad del sistema admitía que “vamos a tener que aplicar imaginación contable para solucionar un problema que se creó en el mismo momento en que se aprobó una medida que obligaba a gastar más”. En concreto, el Ejecutivo debe buscar la fórmula para financiar unos 1.300 millones de euros.
“Estamos todavía pensando cómo resolver este dislate, porque no es fácil” contabilizar un ingreso que “no está para financiar un gasto que sí va a ser“, reconoció Granado, para añadir después que en el Ministerio están “dándole vueltas” al asunto para “conseguir cuadrar las cuentas”.
De cualquier manera, si el gasto no estaba presupuestado en las cuentas de 2018 tampoco lo estará si estas se prorrogan para el ejercicio 2019.
