La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, está negociando ya el préstamo que tendrá que pedir al Tesoro con una línea roja clara: no superar los 15.000 millones de euros que se concedieron a principios de este año al anterior Ejecutivo del Partido Popular para garantizar el pago puntual de las nóminas extras.
Una cantidad que, sin embargo, peca de prudente, pues no será suficiente para abonar las dos nóminas extraordinarias en 2019, que suman más de 18.500 millones de euros (a razón de casi 9.300 millones por nómina), por lo que inevitablemente el Gobierno va a tener que seguir vaciando la hucha.
La propia Valerio reconocía hace unos días que no quiere “pasar a la historia por ser la ministra que acabó con la hucha de las pensiones“. Recordemos que este fondo llegó a acumular cerca de 67.000 millones de euros en 2011. Desde entonces, la insuficiencia de los ingresos por cotizaciones para hacer frente al pago de la nómina en los momentos del año de mayores tensiones financieras para el sistema han llevado al Gobierno a recurrir de manera intensiva a este fondo. Precisamente, fuentes del Ministerio confían en que esos ingresos por cotizaciones, que por el momento parece que van a mejor, sean los que impidan finalmente tener que recurrir a un crédito superior al exigido en el actual 2018.
Porque el objetivo es no tocar más la hucha de las pensiones. El PSOE, entonces en la oposición, acusó al Partido Popular en numerosas ocasiones de “fundirse” los ahorros y ahora, una vez en el Gobierno, a los socialistas no les ha quedado más remedio que sacar dinero de este fondo. Lo han hecho este mes de diciembre, cuando han retirado 3.000 millones de euros para completar la paga extraordinaria de Navidad, junto con esos 6.630 millones del préstamo anterior.
En los próximos días se dará a conocer la cuantía final a la que ascenderá esa línea de crédito. Financiación adicional que llegará en 2019 para ayudar a la Seguridad Social a asumir el imparable gasto en pensiones. No hay que olvidar que el Gobierno se ha comprometido a subir las prestaciones el año que viene en base a una inflación prevista del 1,6%; a mejorar un 3% las mínimas y las no contributivas; y a elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad del 56% al 60%.
Pero además, la presión de los pensionistas en las calles ha arrancado al Ejecutivo el compromiso de compensar la pérdida de poder adquisitivo de este año en una ‘paguilla’ extraordinaria que se ingresará en sus cuentas bancarias a principios de 2019. Aunque todavía no hay confirmación oficial, fuentes gubernamentales citadas por Efe explican que se ha elegido el dato de inflación de noviembre (1,7%) para calcular esta paga extraordinaria, lo que significa que, finalmente, se compensará a los pensionistas por la pérdida de una décima de capacidad de compra respecto al 1,6% que subieron las pensiones en 2018.
Todas estas subidas quedarán plasmadas en un real decreto que se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, el del día 28 de diciembre, según confirman fuentes tanto de Trabajo como de la Seguridad Social. El Gobierno pretende así despedir 2018 con un golpe de efecto que, sumado a la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, quiere dejar buen sabor de boca antes de encarar –con pocas garantías de éxito– la tramitación parlamentaria de los Presupuestos de 2019 el próximo mes de enero.
