Trabajo se apoyará en una unidad de 36 agentes de la UDEF para desarticular tramas de empresas ficticias y cobros fraudulentos de prestaciones.
“La evolución de las modalidades de fraude y el incremento de la delincuencia organizada han puesto de manifiesto la necesidad de intensificar y potenciar la coordinación y cooperación en la lucha contra el fraude en la Seguridad Social”. Partiendo de este diagnóstico compartido, la Seguridad Social y el Cuerpo Nacional de Policía han decidido dar un paso más en el marco de colaboración que mantienen desde hace años para perseguir y desarticular las tramas de fraude que atentan contra intereses económicos de la Seguridad Social, y han alcanzado un acuerdo para crear una unidad policial especializada en la persecución de este tipo de delitos que en principio contará con una dotación de 36 agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF, según la resolución a la que ha tenido acceso La Información.
El Ministerio de Trabajo se ha encontrado con que en los últimos meses los esquemas de creación de empresas ficticias para enmascarar el cobro fraudulento de prestaciones públicas se han sofisticado de forma exponencial y que esa mayor complejidad también ha dificultado los trámites administrativos orientados a ejercer una acción penal efectiva contra los responsables de estas tramas de fraude.
En este nuevo escenario, el modelo actual de cooperación entre la Seguridad Social y la Policía Nacional, que como reconoce el propio Ministerio de Trabajo “ha permitido la investigación, seguimiento, desarticulación y enjuiciamiento de entramados fraudulentos en todo el territorio nacional” durante los últimos años, se ha revelado sin embargo como insuficiente.
El objetivo de esta nueva ‘Policía Laboral’ es dar respuesta a estos nuevos desafíos. ¿Cómo? En primer lugar, incrementando la ‘potencia de fuego’ de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF, estableciendo negro sobre blanco el compromiso de la Policía Nacional de destinar 36 agentes de esta brigada de élite a esta unidad operativa; en segundo lugar, habilitando su dependencia operativa de la Tesorería General de la Seguridad Social para garantizar una mayor coordinación y una transmisión más fluida de la información; y en tercer lugar poniendo a disposición de la unidad policial la asistencia permanente de los Servicios Jurídicos de la Seguridad Social a fin de realizar una correcta valoración de los fraudes detectados desde la perspectiva penal y procesal “a fin de encauzar jurídicamente el procedimiento desde su origen” y evitar eventuales problemas en el curso de las actuaciones contra los defraudadores cazados.
La Tesorería General de Seguridad Social ha dispuesto un crédito de 500.000 euros para compensar a Interior por la puesta a disposición de esta unidad policial, al margen de los gastos de desplazamientos, alojamiento o manutención que se puedan derivar del funcionamiento de este programa, que en principio estará activo durante todo este año y que será evaluado para testar los resultados obtenidos en las investigaciones.
Evitar que se escapen
Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, la lucha contra las tramas de fraude que buscan expoliar el patrimonio de la Seguridad Social ha permitido desarticular 7.000 empresas ficticias desde el año 2012. El saldo ha sido considerado insuficiente por el actual equipo del Ministerio de Trabajo que entiende que el trabajo realizado hasta la fecha en este campo es manifiestamente mejorable. “Se trata de lograr un efectivo enjuiciamiento de los hechos en defensa de los intereses del Sistema de Seguridad Social, tanto en los ingresos de los distintos recursos del mismo como en el control del gasto en prestaciones y otros beneficios, y la depuración de las correspondientes responsabilidades civiles y penales“.
En este sentido, Trabajo entiende que se debe poner el acento en cinco tipos de actuaciones: la persecución policial de delitos que atenten contra el patrimonio de la Seguridad Social (básicamente, las tramas para enmascarar la percepción fraudulenta de prestaciones y las actuaciones orientadas a eludir el pago de cotizaciones); la detección de grandes fraudes colectivos; el auxilio de los órganos de gestión de la Seguridad Social en situaciones que requieran de una especial seguridad; el análisis de los procedimientos llevados a cabo por la Seguridad Social para mejorar la lucha contra el fraude; y la formación de los profesionales para mejorar la detección y las actuaciones contra estos delitos.
La prioridad es incrementar la eficacia en las actuaciones con trascendencia penal, es decir aquellas en las que el beneficio obtenido por una prestación fraudulenta o el daño generado por la creación de una empresa ficticia supera los 50.000 euros. De hecho, la Tesorería valorará la actuación de la ‘Policía Laboral’ en función de las investigaciones de redes y tramas organizadas de empresas ficticias y altas fraudulentas que logre concluir y de las investigaciones relativas a delitos contra la Seguridad Social del artículo 307 del Código Penal que consiga culminar.
