El Gobierno da el primer paso para liberar al sistema de las pensiones del desembolso no contributivo con una transferencia extraordinaria de 18.396 millones de euros.
El Gobierno va a empezar a liberar a la Seguridad Social de los gastos que no le corresponden porque no tienen nada que ver con el abono de las pensiones contributivas. Así se plasmará en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que sienta los cimientos sobre un techo de gasto que bate todos los récord de máximos con 196.097 millones de euros. Esta cifra inédita se va a alcanzar, por un lado, gracias a los fondos que vendrán de Europa, y por otro, por la inyección de las transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social. Esta última, de 18.396 millones de euros, equivale al 80% de la factura total de gastos impropios que tiene identificada el ministro José Luis Escrivá.
En concreto, la Seguridad Social dedica cada año 22.871 millones de euros (el 1,6% del PIB) a gastos que no le corresponden. El ministro del ramo ha echado la cuenta y la suma es la siguiente: 11.305 millones en políticas no contributivas que se financian con cuotas; 3.911 millones en gastos de funcionamiento; 2.953 millones en prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos y otros 1.082 millones en complementos de maternidad; 1.818 millones en reducciones de cotizaciones a través de, por ejemplo, las tarifas planas de autónomos; 1.014 millones en subvenciones de regímenes especiales; y otros 788 millones en complementos de lagunas en pensiones de jubilación.
De este modo, la aportación directa de los Presupuestos que se va a hacer a la Seguridad Social por casi 18.400 millones de euros equivale al 80% de los cerca de 23.000 millones que se acumulan cada año en gastos impropios. Si bien es cierto que parte de esa transferencia se va a compartir con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo, el resto se va a quedar en Seguridad Social y se va a destinar, según confirman a La Información fuentes del departamento de Escrivá, a la cobertura de gastos impropios. Por el momento, las fuentes consultadas evitan concretar las cifras, aunque insisten en que la parte que recaiga de su lado no se destinará a cubrir gastos derivados de la Covid, sino impropios.
Aunque bien podría considerarse que los gastos en los que ha incurrido la Seguridad Social para dar respuesta a la emergencia sanitaria, como las exoneraciones de cotizaciones sociales a las empresas en ERTE, son efectivamente impropios. Prueba de ello son los créditos extraordinarios por valor de casi 15.000 millones aprobados el pasado mes de mayo: un crédito de 14.002 millones de euros para mantener el equilibrio de las cuentas frente al aumento del gasto, otro de 500 millones para financiar la primera nómina del Ingreso Mínimo Vital y dos suplementos de crédito por valor de 371 millones para el pago de las prestaciones no contributivas, complementos a mínimos o prestaciones familiares.
También se aprobó un segundo préstamo de 16.500 millones para evitar tensiones de liquidez al sistema tras las medidas excepcionales tomadas para hacer frente a los efectos de la pandemia, entre ellas, la prestación extraordinaria para autónomos, que exime del pago de las cuotas a la Seguridad Social, la exoneración de cotizaciones por ERTE y la mayor flexibilidad en los aplazamientos para empresas y autónomos. En total, entre los créditos extraordinarios y este último préstamo suman 31.500 millones para sufragar los gastos derivados de la crisis sanitaria y sostener el equilibrio financiero del sistema.
Pero no solo eso. Los presupuestos prorrogados de 2020 contemplaban un préstamo con el objetivo de garantizar el pago puntual de las pensiones en verano por valor de 13.830 millones de euros, cuya concesión fue aprobada por el Gobierno el pasado 14 de abril, bastante antes de la fecha inicialmente prevista para hacer frente a los problemas de liquidez que empezaron a apretar. Este se sumó a los concedidos en los años 2019 (13.830 millones), 2018 (misma cuantía de 13.830 millones) y 2017 (10.192 millones), todos sin intereses, a diez años y destinados a afrontar las pagas extra de los pensionistas. En total, la Seguridad Social acumulará una deuda de más de 85.000 millones de euros con el Estado al finalizar este ejercicio.
Primer paso en los PGE de 2021
Ahora el esquema cambia y se va a sufragar parte de la factura con transferencias directas del Estado en lugar de préstamos del Tesoro. Para empezar, en 2021 se van a inyectar 18.396 millones de euros, lo que en la práctica supone que la Administración Central asumirá parte del déficit del subsector (1,7 puntos, hasta dejar la tasa de referencia en el 1,3% del PIB). La cantidad de dinero que finalmente acabe en la Seguridad Social, tras restar la parte del SEPE, se destinará únicamente a cubrir gastos impropios, según confirman desde el departamento de Escrivá. De este modo, y a la espera de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que previsiblemente apuntará en esta misma línea, el Gobierno empieza a dar pasos firmes en su intención de trasvasar los gastos impropios estructurales de la Seguridad Social al Estado.
Como adelantó el responsable del ramo durante su comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo, en los Presupuestos de 2021 se iniciarán los cambios en la financiación de gastos impropios de la Seguridad Social, de forma que “al final de la legislatura quedaría eliminado el déficit previsto”, según sus augurios. No en vano, se espera un déficit para 2023 de 20.185 millones de euros (el 1,4% del PIB), frente a esos más de 22.800 millones de desembolso impropio. Las estimaciones del Ministerio, de acuerdo con Escrivá, están en línea con lo planteado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Y la medida, además, “ayudaría a mitigar las dudas sobre la sostenibilidad del sistema a corto plazo y centrar la atención en los retos a largo plazo”, en palabras del ministro.
Fuente: La Informacion
