La subida de entre el 10% y el 12% de las bases máximas de cotización planteada desde el Ministerio de Trabajo para ‘levantar’ unos 1.000 millones de euros extra y cuadrar así la previsión de ingresos de la Seguridad Social remitida a Bruselas está a día de hoy en el alero a la espera de que el Ministerio de Economía evalúe al detalle su potencial impacto sobre la economía y el mercado de trabajo.
La medida no es irrelevante. La maniobra del Gobierno pretende una subida sin precedentes de la base máxima de cotización, que sometería a cotización los salarios hasta 50.000 euros -cuando la pensión máxima se situaría en el entorno de los 37.000 euros anuales- y que tendría un coste significativo para las empresas y trabajadores situados en ese segmento, de unos 1.300 euros anuales por trabajador para las primeras y de más de 250 euros para los asalariados.
No es el único obstáculo que tendrá que salvar la iniciativa gubernamental, muy aplaudida por sus socios presupuestarios de Unidos Podemos. Una reforma legal aprobada por el Gobierno del PP en diciembre de 2016 obliga también al Ejecutivo a someter esta propuesta de subida de cotizaciones al Pacto de Toledo y a ajustarse a lo que se determine en dicha comisión parlamentaria.
