Un sistema fiscal debe recaudar impuestos para financiar aquellos gastos públicos que correspondan al Estado. En la actualidad, una parte de esos gastos están incluidos en el presupuesto de la Seguridad Social que, aun formando parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no parece razonable que se tengan que financiar con cotizaciones sociales.
El haber mantenido ese modelo hasta ahora es lo que ha provocado, en parte, que nos acerquemos a los 20.000 millones de euros anuales de agujero en las cuentas de la Seguridad Social.
Los pensionistas se dividen en cinco grupos claramente diferenciados: jubilados, viudos, incapacitados, huérfanos y “favor de familiares”. De estos cinco, el principal coste (60 por ciento) corresponde a los jubilados y un 25 por ciento más a las pensiones por viudedad, la mayor parte de las mismas procedentes de la época franquista, en las que las mujeres tenían una participación escasa en el mercado laboral (sólo unos tres millones trabajaban en la época del “tardofranquismo”, y por su mayor longevidad, reciben pensiones de viudedad en la actualidad procedentes de la actividad laboral de sus maridos).
El resto de los conceptos (un 15 por ciento) tienen poco que ver con el concepto de cotizar cuando uno trabaja, para recibir una pensión en justa correspondencia cuando esa persona se jubila. Parecería razonable, que si una persona tiene un accidente y queda incapacitada para trabajar sea el Estado el que se haga cargo de ella, hasta que llegue el momento de su jubilación, y es entonces cuando debería hacerse cargo la Seguridad Social. Lo mismo ocurriría con los huérfanos, hasta que llegue la edad en la que puedan trabajar y valerse por sí mismos. El tema de “favor de familiares” tiene escasa importancia.
Por consiguiente, lo primero que deberíamos hacer es reestructurar los gastos del Estado e incluir en la financiación vía impuestos esos tres conceptos. Con ello, equilibraríamos las cuentas de la Seguridad Social, aunque le pasaríamos el problema al PGE, ya que habría que incrementar la presión impositiva en unos 20.000 millones, o bien, como opinamos algunos, reducir los gastos de las Administraciones en dicho importe (más o menos un 8 por ciento del gasto total). Ello no solucionaría el problema del déficit futuro de la Seguridad Social, pues el sistema actual es insostenible, pero por lo menos nos daría un respiro para acometer el necesario cambio de modelo.
Sí, ya sé que los señores de la izquierda se ponen la venda en los ojos y dicen que el sistema es sostenible, porque está el Pacto de Toledo. ¡Señores!, salvo error, de esas tres palabras no se come. Como he dicho antes, las mujeres apenas tenían presencia en el mercado laboral, y se incorporaron a dicho mercado entre Sí, ya sé que los señores de la izquierda se ponen la venda en los ojos y dicen que el sistema es sostenible, porque está el Pacto de Toledo. ¡Señores!, salvo error, de esas tres palabras no se come. Como he dicho antes, las mujeres apenas tenían presencia en el mercado laboral, y se incorporaron a dicho mercado entre 1995 y 2005, pasando de 3 a 8,2 millones de mujeres trabajadoras. Eso fue un logro y un acercamiento a los estándares europeos, pero supone que entre 2030 y 2040 se jubilarán de golpe 5,2 millones de mujeres más de forma extraordinaria al sistema, lo que hará que el ratio de jubilados por habitantes en España pase del 13 por ciento actual al 26, mucho más acorde con nuestra estructura de población; es decir, tendremos que pagar pensiones al doble de españoles, y si ahora hay un agujero anual de 20.000 millones, el agujero futuro puede superar ampliamente los 60.000 millones de euros anuales.
Por tanto, hemos de actuar en dos caminos: cambiar el modelo actual de reparto a un modelo mixto, y discutir cuál debe ser el incremento anual que deben recibir los pensionistas, puesto que fiscalmente puede suponer la necesidad de emitir 400.000 millones de euros adicionales de deuda pública en los próximos veinticinco años. En lo que respecta al modelo, claramente insostenible, y más con el nivel tan bajo de los salarios españoles, es preciso pactar una pensión básica de subsistencia, que podría estar entre los 600 y los 800 euros mensuales y sería igual para todos los españoles, la cual seguiría el modelo actual de reparto. El resto de la pensión seguiría un modelo de “mochila austriaca”, en el sentido de que toda persona por el hecho de trabajar tiene que recibir una parte de su salario (entre el 5 y el 10 por ciento) vía dotación a un fondo de pensiones indisponible, el cual le acompañará durante toda su vida laboral, pasando de empresa a empresa, y que sólo se podrá transformar en una pensión cuando se jubile. Y para evitar las tradicionales renuencias de la izquierda, aceptaremos que la titularidad de la gestora del fondo sea pública, aunque con profesionales contrastados llevando la gestión de las inversiones. Evidentemente, el problema sería los treinta y cinco años de período de adaptación del modelo, ya que los que tengan sesenta años tendrán que cobrar la pensión pactada, pero los que tengan treinta deberían incorporarse al nuevo modelo, y para los de edad intermedia se harían tramos de cinco años, para que la pensión básica se fuera incrementando en función del número de años cotizados hasta ese momento.
En lo que respecta al incremento anual, no es de recibo negarles a los jubilados el mantenimiento de su capacidad adquisitiva, después de que los partidos políticos han estado engañándoles durante veinticinco años, diciéndoles que el sistema era sostenible y que no había problemas con las pensiones. Pero la actualización tiene que hacerse con un IPC específico para ellos. Un jubilado consume pan, aceite, carne, leche, pescado, legumbres, productos de limpieza, alquiler de su piso (en su caso), y algunas otras cosas, pero no los 479 productos que componen el IPC. Habrá que realizar un IPC específico para ellos con 20 o 30 productos básicos. Así, cuando el aceite suba un 17%, como subió hace dos años, ellos lo notarán mucho más que el resto de los españoles. En cualquier caso, esta subida garantizada para una población jubilada creciente supondrá una emisión extraordinaria de deuda, cuyo servicio afectará notablemente a la conformación del futuro sistema fiscal español.
Y, por favor, si alguna vez nuestros políticos asumen que tienen un problema (este) y deciden solucionarlo, que se lo dejen a los técnicos. Así, puede que consigamos resolver de una vez por todas el problema de las pensiones.
