Está claro, desde hace muchos años, que en España no habrá una reforma a fondo del sistema de pensiones mientras el Estado no amenace ruina. El político que me explicó esto, hace unos 13 años, afirmaba que el envejecimiento natural de la población incrementaba cada vez más la bolsa de votantes que se disputan los partidos, mientras que el número de nacimientos decrece, por lo que las generaciones futuras estarán cada vez menos representadas.
Cuando se produjo esa conversación, en 2006, el número de pensionistas era de 7,4 millones aproximadamente. Hoy son casi 8,9 millones y todos -salvo los que hayan sido inhabilitados- tienen derecho a voto en las próximas elecciones.
Mi interlocutor quería hacerme ver que el Pacto de Toledo, acordado en 1995, era la mejor manera de racionalizar el sistema de pensiones y mantener las reformas fuera del debate partidista. Nada de eso resultó cierto. Durante unos años, los partidos lograron mutualizar sus responsabilidades en el tema pero, finalmente, el Pacto de Toledo se convirtió en un pacto de silencio para no tratar el asunto e introducir la omertá política en él.
A lo largo de estos 41 años de democracia, los pensionistas han cambiado de partido varias veces. El desinterés que Alianza Popular mostró inicialmente por ellos los arrojó durante años en los brazos del PSOE de Felipe González. Éste, cuando vio que había que emprender reformas duras y ya no tenía mayorías absolutas, promovió el Pacto de Toledo. Aznar logró atraerse el voto de los jubilados con una jugada sagaz, que le permitió respetar el pacto pero apuntarse un tanto mediante la creación del Fondo de Reserva de las Pensiones. Rajoy era tan consciente de esto que se negó a apoyar la congelación de las pensiones que propuso Zapatero en 2010 y, cuando le tocó gobernar, pulverizó las reservas del fondo que los socialistas no habían querido tocar en su empeño por mandar una señal de responsabilidad al resto de Europa.
A Rajoy, sin embargo, la reforma de las pensiones que realizó al margen del Pacto de Toledo, le pasó factura. El PNV y las manifestaciones de pensionistas vascos se encargaron de que él mismo mostrara poca fe en lo que había hecho al aplazar la entrada en vigor de su factor de sostenibilidad. La reajustabilidad de las pensiones fue el otro elemento crítico.
El último acuerdo intentado en el Pacto de Toledo saltó por los aires porque Podemos se empeñó en el reajuste según el IPC. El PSOE se había abierto a la posibilidad de introducir otros elementos en el cálculo (productividad, sostenibilidad de las finanzas públicas, etc.) como quería el PP, pero al final nadie quería pactar en un año electoral como el que hemos tenido en 2019
La marcha de pensionistas ha llegado ya a las puertas del Congreso y es el momento oportuno de plantearse la relación entre democracia y pensiones. ¿Es justo que una masa de votantes cada vez más grande imponga sus intereses particulares sin contrapeso más allá del bien común? Éste es el meollo del debate al que nos abocan estas marchas. De nuestra capacidad para resolverlo depende que no haya que esperar hasta la próxima crisis que ponga en peligro las finanzas públicas para que nos impongan una solución desde fuera.
1 comentario en «No habrá una reforma a fondo del sistema de pensiones mientras el propio Estado no amenace ruina»
Sumando por un lado lo que han echado a la “hucha” y por otro lo que van a recibir teniendo en cuenta cómo ha crecido la esperanza de vida. Y comparamos.
Uno con treinta en paro, puede tener hijos pequeños e hipoteca, lo mismo está más necesitado.