Las prácticas no laborales han tenido un impacto en la Seguridad Social de hasta 1.594 millones de euros en cotizaciones sociales que dejan de ingresarse cada año, según un estudio elaborado con datos de 2018 por Revolución Ugetista (RUGE), la organización juvenil de UGT. Al acto de presentación ha asistido la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, quien ha mostrado el compromiso del Gobierno de aprobar «un Estatuto de prácticas no laborales» para que estas tengan unas condiciones dignas. En este sentido, la ministra ha pedido fomentar la retribución y limitar el encadenamiento de periodos de prácticas. Para ello, propone el establecimiento de porcentajes máximos de becarios.
El impacto estimado equivale a las cotizaciones por los salarios que tenían que haberse pagado por estos desempeños, según indica la Encuesta de Estructura Salarial para el tramo de entre 20 y 29 años (14.349 euros al año), detalla el estudio presentado este martes en unas jornadas sobre fraude en las prácticas no laborales.
El impacto es de 1.143 millones de euros medido con el Salario Mínimo (SMI), según el informe que cifra en 886.079 personas las que hicieron en 2018 prácticas laborales no remuneradas, universitarias y de formación profesional y cuyo desempeño equivale a cerca de 300.000 puestos de trabajo anuales.
UGT cifra el impacto de estas prácticas en salarios en 3.049 millones si hubieran cobrado el SMI y 4.251 millones en función de los datos de la encuesta de estructura salarial.
El sindicato ha denunciado que entre 2014 y 2018 las prácticas no laborales no remuneradas y mal remuneradas han supuesto una pérdida acumulada de hasta 16.242 millones en salarios y 6.615 millones en cotizaciones.
Un Estatuto de las prácticas
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha recordado durante la inauguración de la jornada el compromiso del Gobierno de sacar adelante «un Estatuto de las prácticas no laborales» para garantizar unas condiciones dignas.
Valerio ha explicado que se debe fomentar la retribución, limitar el encadenamiento de periodos de prácticas y establecer un porcentaje máximo de becarios en las empresas.
La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha criticado la creciente devaluación de las condiciones de los becarios y ha pedido regular bien las prácticas curriculares y eliminar las que no lo son. «Los jóvenes siguen teniendo grandes dificultades», ha recordado Antoñanzas.
