Las Cortes Generales siguen dedicando 1,85 millones de euros al año para pagar pensiones e ingresos complementarios a 153 exparlamentarios jubilados, una cifra a la que se suman los más de 740.000 euros que se abonan como complementos de pensiones de viudedad a 70 parejas de otros veteranos políticos ya fallecidos.
El Congreso y el Senado suprimieron las conocidas como pensiones parlamentarias en 2011, en plena crisis económica, pero en la actualidad, según datos de febrero, todavía hay 105 exparlamentarios que las continúan recibiendo porque habían generado ese derecho antes de ese año.
Se trata de exdiputados y exsenadores que estuvieron un mínimo de siete años en el escaño y por los que el Parlamento paga mensualmente un total de 110.366,23 euros, lo que supone una cuantía de 1,32 millones de euros al año.
De esos 105 exparlamentarios, según los últimos datos de la Cámara Baja recogidos por Europa Press, un 47,6% reciben más de mil euros al mes y dos de ellos cobran más de 3.000 euros. Se trata del navarro Jaime Ignacio del Burgo, que ocupó durante 27 años escaño en el Congreso o el Senado por UPN y por el PP, y de Pablo Castellano, que tuvo asiento la Cámara Baja durante 16 años, primero con el PSOE y luego con IU. Ambos reciben 3.012,65 euros al mes.
La siguiente que más cobra es la abogada Cristina Almeida, quien fue diputada de Izquierda Unida durante once años, y que percibe 2.792,38 euros mensuales. Además, hay una docena de exparlamentarios que cobran una pensión de entre 2.000 y 2.500 euros y 15 a los que el Congreso abona entre 1.500 o 2.000 euros todos los meses.
