Los expertos coinciden en la necesidad de explorar la adaptación para España de modelos de retiro similares a los de Suecia o Reino Unido
La Seguridad Social lleva sin ningún tipo de reforma de calado desde 2013. Además, en la última década los efectos de la crisis y el impacto demográfico han deteriorado notablemente las finanzas del sistema de pensiones, que desde hace tres años requiere de créditos del Tesoro para financiar unos números rojos cercanos a los 20.000 millones de euros anuales. Pero este desequilibrio es solo el principio de una situación que cada vez más conocedores de cómo funciona la Seguridad Social califican de “insostenible”.
Un grupo de expertos economistas reunidos en el Foro Futuro Observatorio de Tendencias Económicas, organizado por CincoDías y en colaboración con Banco Santander, han propuesto al próximo Gobierno una serie de medidas en el corto plazo para enjugar este déficit de la Seguridad Social. Y después, hacer otros cambios de mayor calado para el medio y largo plazo, que rediseñen el sistema de pensiones y lo hagan sostenible.
El diagnóstico del director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi) para la praxis de seguros y profesor asociado de Afi Escuela de Finanzas, José Antonio Herce, es que, de manera inmediata, hace falta conseguir el equivalente a 1,5 puntos de PIB (unos 18.000 millones de euros) para equilibrar las cuentas anuales del sistema. Y para ello considera que la propuesta de racionalizar el sistema de cotizaciones sociales, tal y como acordó el Pacto de Toledo antes de ser dinamitado por Podemos al final de la pasada legislatura, “no tiene mucho recorrido”. En su lugar, cree directamente que esta inyección de dinero debería proceder de impuestos; si bien “de figuras ya existentes, porque tendería a desconfiar de nuevos impuestos. En concreto, apostaría por los tributos de mayor poder recaudatorio, racionalizando la escala de tipos del IVA, por ejemplo”, opinó Herce.
Asimismo, también en el corto plazo apostaría por “cerrar el fondo de reserva de las pensiones –en el que apenas quedan 5.000 millones– porque ya ha cumplido su papel de forma virtuosa” y también abogó por vincular ya la edad de jubilación a la esperanza de vida.
En esta misma línea, la catedrática de Estadística Actuarial de la Universidad de Barcelona, Mercedes Ayuso, insistió en que es urgente que “cualquier fórmula que vincule la esperanza de vida al cobro de la pensión debe estar encima de la mesa de toda reforma futura, si queremos tener controladas las cuentas”.
El profesor del IE Business School, Fernando Fernández, propuso tres cambios muy concretos a realizar en los próximos dos o tres años: ampliar a toda la vida laboral el periodo para calcular la pensión; desincentivar las jubilaciones anticipadas y fomentar el alargamiento de la vida laboral, ampliando por ejemplo la posibilidad de compatibilizar el salario y la pensión.
Otros dos participantes en este encuentro se mostraron también partidarios de financiar el actual déficit contributivo del sistema con impuestos pero introdujeron algunas advertencias. Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas, alertó de que esta vía para equilibrar la Seguridad Social recaerá sobre las clases medias de entre 35 y 60 años. Mientras que Ayuso, observó que aunque de forma inmediata haya que buscar cómo financiar los números rojos con impuestos, “esto no puede mantenerse mucho en el tiempo porque dañaría el sistema productivo”.
De hecho, la alternativa, en la que también coincidieron los participantes en este foro, sería hacer una profunda reforma de la Seguridad Social a medio y largo plazo.
Los cambios por los que abogaron pasan, según todas sus propuestas, por “obligar” de alguna forma a los trabajadores a aumentar su ahorro para la jubilación. Este mayor ahorro será necesario porque, según Fernando Fernández, la presión demográfica y la precarización del trabajo, entre otras cosas, obligará a “reducir la generosidad del actual sistema público de pensiones de reparto”. De hecho, este experto abogó por buscar fórmulas para pasar de un sistema de reparto a uno complementario de capitalización.
Herce o Ayuso prefirieron una transición hacia modelos similares al sueco o al del Reino Unido –conocido comúnmente con el nombre del organismo público que lo gestiona (Nest)–. En este último modelo los trabajadores, siempre que firman un contrato de trabajo, están obligados a destinar de forma progresiva hasta el 8% de su salario a un plan de pensiones, que puede gestionarse por un organismo público o una gestora privada. Esta obligatoriedad existe para todos los asalariados pero, pasados unos meses, pueden elegir si mantienen esta fórmula de ahorro para la jubilación o se salen de ella. Es lo que se denomina un sistema “cuasiobligatorio”, ya que una obligatoriedad absoluta que no incluyera la posibilidad de que el trabajador lo rechazara, sería incluso inconstitucional.
“El sistema que se implantara en España tendría que ser cuasiobligatorio, como el Nest, que ha sido un exitazo: solo se marchan uno de cada diez trabajadores”, explicó Herce, quien también defendió el sistema de cuentas nocionales de Suecia, en el que existe una pensión mínima financiada con impuestos y el resto es netamente contributiva, esto significa que el trabajador se lleva en una pensión complementaria a la mínima exactamente lo que ha cotizado en su vida laboral. “En diez años en España se podría también hacer una transición indolora a un sistema de cuentas nocionales” opinó también este experto.
El director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez, también se mostró a favor de esta obligatoriedad inicial a participar en planes de pensiones “porque en la sociedad española hay un problema de miopía con las pensiones y dar un empujoncito puede ser suficiente para que se siga ahorrando”. Es más, consideró que el tiempo que el trabajador tendría que estar suscrito a estos fondos complementarios “debería ser por un periodo relativamente alto”.
Carbó coincidió en que los meses en los que el trabajador del Reino Unido participa en uno de estos planes es algo “básico para el aprendizaje” y para que se mantenga en el sistema. Si bien, reconoció que, además, “hace falta cierta pedagogía” de los agentes implicados.
En este mismo sentido, Ayuso respaldó la obligatoriedad de un sistema de cuentas nocionales complementarias como el de Suecia, “que no tiene que ser de capitalización sino de reparto de contribución definida”, pero advirtió que esto “podría crear mucho rechazo, sobre todo en el débil momento político que se atraviesa”. Por ello, también apeló a la pedagogía, “mostrando las cifras de todos los lados, como por ejemplo que hay muchos pensionistas que ganan 18.000 euros al año pero también hay muchos trabajadores que no cobran más que eso”. Y los segundos costean las pensiones de los primeros.
Soluciones imaginativas
Estos economistas sugirieron también la posibilidad de explorar otro tipo de soluciones “más imaginativas” a los problemas de la Seguridad Social. José Antonio Herce propuso explorar sistemas que destinen al ahorro para la jubilación una parte de los incentivos al consumo como los cheques ahorro o de fidelización de los comercios, gasolineras o de las compañías aéreas, por ejemplo.
Mercedes Ayuso y Santiago Carbó coincidieron en la necesidad de diseñar nuevos productos de ahorro vinculados a la propiedad de una vivienda, distintos a las actuales hipotecas inversas, que no están teniendo éxito en España. Y Fernando Fernández pidió que se grave menos la transacción de la vivienda y, a cambio, más la propiedad. Pero Fernández fue más allá y abogó directamente por abolir el sistema de cotizaciones sociales por considerarlo un “impuesto ineficiente al empleo” y que las pensiones se pagaran totalmente con impuestos.
