Se trata de un planteamiento en el que aparentemente todos ganan. Sin embargo, hay un perdedor y es la Seguridad Social, para la que este mecanismo es muy costoso puesto que, de entrada, permite el retiro prematuro de los trabajadores más veteranos sin asumir coeficientes reductores para compensar los años que se dejan de cotizar. Estudios recientes calculan que estas jubilaciones parciales cargan al sistema con un coste anual de unos 2.000 millones de euros.
A día de hoy esta cuestión es el principal escollo a remover en las negociaciones con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para firmar el convenio único de la Administración General del Estado (AGE), que afecta a unos 35.000 trabajadores. Y es que, pese a que la jubilación parcial de la mano del contrato de un relevista es una práctica admitida en comunidades autónomas como Madrid y en la mayoría de los ayuntamientos, el Estado aún no la aplica.
Los sindicatos confían en que el Gobierno se rinda a la evidencia del envejecimiento de las plantillas y, por coherencia con lo pactado en la industria, den un paso al frente. “No nos han dicho que no de forma tajante como al inicio de las negociaciones”, señalaba uno de los negociadores sindicales a propósito del último encuentro con el Gobierno.
